En Casa de Gobierno de Mendoza se llevó adelante una nueva reunión en el marco del Plan Regional de Seguridad de Cuyo, que busca articular políticas comunes frente al abigeato y la comercialización clandestina de carne. En representación de San Juan, la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro, encabezó la delegación provincial, acompañada por el director del D-5, José Luis Lucero, jefe de la División Rural, Mario Domínguez, y el jefe de la Unidad Policía Rural N°4, Marcelo Fernández.
El encuentro estuvo presidido por la ministro de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, y tuvo la participación de la ministro de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, jefes de policías rurales y representantes de áreas vinculadas a la producción ganadera y agrícola. La agenda de trabajo incluyó el intercambio de información, la unificación de criterios de control en zonas fronterizas y la elaboración de protocolos conjuntos para impedir la circulación ilegal de ganado y productos agrícolas.
La subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro, hizo uso de la palabra y dijo que «es una temática de importancia relevante, unificar criterios en los controles limitrofes nos beneficia a todos». «Este es un delito interjurisdiccional, nosotros estamos al servicio para combatirlo en conjunto» concluyó.
Por su parte, el jefe de División Rural, Domínguez, destacó: «el trabajo en equipo nos fortalece a cada uno de nosotros, la Policia Rural en San Juan es una división nueva». «Éste flagelo lo venimos combatiendo hace años desde que inició esta sección policial» terminó su mensaje.
La mesa de coordinación avanzó en propuestas concretas como unificar controles en rutas troncales, clarificar competencias entre organismos y reforzar la trazabilidad en el transporte de animales. También se analizaron experiencias y marcos normativos vigentes, con el fin de optimizar los procedimientos y detectar vacíos legales que puedan ser aprovechados por el delito.
Así, San Juan consolida su participación activa dentro del Plan Regional de Seguridad de Cuyo, iniciado en 2024, que constituye un modelo pionero de cooperación interprovincial en la lucha contra el delito rural y el crimen organizado.
