La profesionalización en el registro posibilita el abordaje de una problemática que afecta principalmente a los jóvenes menores de 25 años, con fuerte incidencia en las adolescentes mujeres.
Reglamentada en 2015 pero implementada desde el 2021, la Ley Nº 27.130 de Prevención del Suicidio le permitió a todos los ámbitos del Estado tener una herramienta inédita en nuestro país: un registro de los intentos, diferenciados por edad y género, con antecedente de cada caso. En simultáneo a esa información, en el último año se presentaron una serie de proyectos en el Congreso para expandir el alcance de la atención de salud mental de los menores de 24 años, la franja etaria más afectada por esta problemática.
El registro difundido por el Ministerio de Salud en su Boletín Epidemiológico del pasado 29 de diciembre divulgó que, entre abril del 2023 -cuando se empezaron a incorporar informes de distritos argentinos- y octubre del 2025 -cuando todas las provincias notificaron sus casos-, se produjeron 22.249 intentos de suicidios. De ellos, 20.928 (95%) no tuvieron resultado mortal, a diferencia de los 1.218 (5%) restantes. Este índice expresa que por cada 17,2 intentos no fatales hay un intento de suicidio con resultado mortal.
Considerando los géneros, las mujeres notificaron 13.484 (61%) intentos, aunque el índice de casos fatales es más de cinco veces inferior que el de los varones: 2,1%, de mortalidad contra el 10,8% en hombres. Si se toma en cuenta otra clasificación, la alerta surge entre los más jóvenes: las tasas más elevadas se observan entre los grupos de 15 a 19 años (124 casos cada 100.000 habitantes) y de 20 a 24 años (114 cada 100.000 habitantes). Específicamente, las adolescentes de entre 15 a 19 años son el principal sector en el que impacta la problemática, duplicando incluso la tasa de los chicos de su misma edad.
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A través del Programa de Abordaje Integral de la Problemática del Suicidio -creada en 2022 por resolución ministerial y que trabaja en conjunto con las provincias para fortalecer la vigilancia vinculada a estos casos-, se alcanzó a detectar un punto en común de los antecedentes de las personas que intentan quitarse la vida: cerca del 20% tiene un diagnóstico previo de afección a la salud mental y es relevante el registro de consumo problemático de sustancias (13% referidos al alcohol, mientras que el 12% con la cocaína). En conjunto con los organismos estatales, la ONG del Centro de Asistencia al Suicida (CAS) sostiene el auxilio anónimo y confidencial a través de la línea telefónica 135 y 0800-345-1435.
Congreso: debates para la prevención del suicidio
En Diputados, todos los proyectos presentados son de autoría de legisladores que no permanecen en su banca tras el recambio del 10 de diciembre. Es el caso de la salteña Pamela Calletti (Innovación Federal), que impulsó la creación de un programa de asistencia psicológica digital gratuita denominada «Salud Mental 2.0«, en simultáneo a talleres y capacitaciones a la comunidad en materia de bienestar emocional, argumentando que «amplía las oportunidades de atención especialmente en zonas más alejadas o rurales o con escasa oferta profesional, además de permitir una mayor flexibilidad horaria y promover la continuidad en los tratamientos».
En el 2025, las bonaerenses Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) y Eugenia Alianiello (Unión por la Patria) elevaron un documento para desarrollar un Plan Nacional de Prevención del Suicidio en relación con profesionales de salud mental y de adicciones. Su objetivo implicaba también instar a las carreras de psicología a la inclusión de materias afines; promover campañas de concientización en medios de comunicación; y establecer bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud la línea telefónica de atención.
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Con respaldos de siete miembros de su bloque, la chaqueña Marilú Quiróz (PRO) propuso la creación de un Programa Nacional de Salud Mental Escolar, que incluiría contenidos específicos en bienestar emocional en la currícula y garantizaría la presencia de un especialista en salud mental en cada establecimiento, para que se responsabilice de la articulación con actores de salud y divulgue la información disponible para la prevención de casos.
En ese mismo sentido se registran dos iniciativas en el Senado: una de la santacruceña Natalia Gadano, que solicitó implementar en establecimientos educativos un programa permanente de abordaje integral por la problemática del suicidio, y otra de la tucumana Beatriz Ávila, que presentó un proyecto de ley de Prevención del Suicidio por Acoso Escolar.
Este último prevé cobertura de psicoterapia breve y de urgencia para niños y adolescentes víctimas de acoso escolar y virtual, en simultáneo se solicita al Estado nacional la realización de al menos una campaña anual de prevención dirigida a esta franja etaria. “En febrero tenemos que empezar de nuevo a buscar los consensos”, señaló a este medio Ávila, quien también diseñó una propuesta para el tratamiento en contexto penitenciario.
