En la antesala de febrero, el Gobierno marcó la cancha en Balcarce 50 y abrió un nuevo capítulo de debate con la inclusión de la iniciativa en el radar parlamentario.
Reunidos en Casa Rosada desde temprano, los principales referentes del oficialismo y sus aliados activaron la mesa política que empieza a perfilar el plan de batalla para las sesiones extraordinarias. El foco, como se sabe, está puesto en la reforma laboral; pero ahora también se suma con fuerza al temario la discusión de la ley Penal Juvenil, que incluye propuestas para bajar la edad de imputabilidad, un tópico que vuelve a resonar con intensidad en el Congreso.
La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a reavivar el debate por la baja de la edad de imputabilidad y empujó para que la cuestión sea considerada en el ámbito parlamentario durante 2026. Su planteo, tanto en el recinto como en redes sociales, pone el foco en la necesidad, según su lectura, de ajustar el régimen penal para jóvenes que cometen delitos graves.
El proyecto de Régimen Penal Juvenil ya había tenido avances en 2025 cuando logró dictámenes en comisiones de la Cámara de Diputados, aunque nunca llegó a ser votado en el pleno. Con la conformación actual del Congreso y una nueva composición de fuerzas, la iniciativa recupera impulso y se perfila como uno de los debates más sensibles del año.
Mientras ordena el poroteo, el oficialismo incorpora la Ley Penal Juvenil al temario y abre un frente de discusión complejo
En Balcarce 50 admiten que la inclusión de la ley Penal Juvenil en la conversación no era parte del plan original, pero la presión política y social en torno a la seguridad y la responsabilidad penal temprana obligó a abrir ese capítulo antes de lo previsto. Expertos legislativos señalan que la discusión podría extenderse incluso más allá de las extraordinarias, hasta encontrar consensos básicos entre las distintas fuerzas.
El Ejecutivo, por su parte, sigue concentrado en la reforma laboral como eje de su gestión económica y política, lo que explica que esa iniciativa mantenga el protagonismo en las negociaciones con bloques aliados. Una fuente parlamentaria dijo que la estrategia es trazar prioridades sin dispersar votos, un equilibrio delicado en un Congreso fragmentado.
La voz de Bullrich sobre el Régimen Penal Juvenil no va en solitario: otros referentes de distintos espacios también exigen avanzar, ya sea por motivaciones de orden público o como respuesta a casos de violencia que han resonado en la opinión pública. Los cruces sobre la edad de imputabilidad, en particular, prometen debates intensos y polarizados cuando toquen el recinto.
Analistas políticos consultados por este medio remarcan que sumar la Ley Penal Juvenil al temario impone desafíos adicionales al Gobierno, que deberá gestionar expectativas tanto dentro de su propia coalición como con aliados dispersos. Este tipo de temas, más que sumar acuerdos automáticos, tiende a escalar las tensiones en la deliberación legislativa.
Con todos los hilos de la agenda empezando a moverse, el Ejecutivo encara una etapa en la cual tendrá que calibrar cada paso: desde la reforma laboral hasta la ley Penal Juvenil, la cancha política promete ser angosta y con muchos reflectores encima.
