En medio de las marchas masivas en todo en reclamo por la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que se votará el próximo miércoles en la Cámara de Diputados, Marlene Spesso – madre de Ian Moche, un niño influencer con autismo – reveló la cruel respuesta que recibió de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional De Discapacidad, durante un encuentro en marzo de 2024: “Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”.
La cruel respuesta del titular del Andis a una madre de un hijo con autismo
La motosierra del gobierno de Javier Milei continúa avanzando. A la crítica situación que vive hoy el Hospital Garrahan, se le suma las polémicas respuestas que dio Spagnuolo en referencia a la discapacidad y el papel del Estado frente a este desafío.
Pero la situación no quedó allí. Según relató el propio niño, el titular de Andis también cuestionó la ayuda estatal y en la conversación le preguntó: “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no? ¿Por qué vos no pagás estacionamiento y yo si»?.
El manejo de Andis está bajo la lupa desde hace varios meses. Cabe recordar que, a mediados de febrero de este año, Spagnuolo firmó una resolución en la que se modificaban los parámetros de la asignación de pensiones no contributivas por discapacidad. En el polémico documento, se utilizaron términos como “idiota”, “imbécil” y “retardado mental” para referirse a las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
Sin embargo, y a pesar del fuerte rechazo la resolución, el funcionario no fue apartado de su cargo. Solamente se pidieron disculpas oficiales y dos empleadas de Andis – de menor rango – fueron apartadas de sus posiciones.
Las declaraciones de Ian Moche y su madre Spesso se dieron durante una entrevista en el canal de streaming Gelatina. Allí. el niño influencer relató más detalles del encuentro.
«Que diga que los derechos adquiridos no son derechos adquiridos. A nosotros nos costó mucho conseguir esos derechos«, explicó.
La respuesta de Andis al proyecto y el debate en el Congreso
Tras el amplio respaldo legislativo que obtuvo el proyecto de ley para declarar la emergencia en discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) emitió un duro comunicado en el que manifestó su desacuerdo con la iniciativa.
La dependencia estatal aseguró que “manifiesta su enérgico rechazo al proyecto” al considerar que se trata de “una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”.
Según ANDIS, el enfoque del proyecto contradice los principios establecidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el modelo social promueven la vida independiente y la eliminación de barreras que perpetúan desigualdades. Las personas con discapacidad no buscan una asistencia pasiva, económica y permanente, sino políticas públicas que garanticen inclusión plena en todos los ámbitos: laboral, educativo, deportivo y social”, indicó el organismo.
En el texto, también se cuestionó el desempeño del gobierno anterior por el deterioro en el poder adquisitivo de las pensiones. “En cambio, este gobierno comenzó a ordenar el sistema y a auditar pensiones mal otorgadas. Es justamente ese trabajo el que permitirá recuperar recursos genuinos y destinarlos a quienes realmente los necesitan”. Y añadieron: “Es fundamental avanzar hacia un modelo que priorice la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad, asegurando que sus derechos sean respetados y protegidos en todos los ámbitos de la sociedad”.
Los principales puntos del proyecto de ley de emergencia en Discapacidad
La iniciativa, que propone declarar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, contempla una serie de medidas clave. Entre ellas, la equiparación de las pensiones al 70% del haber mínimo jubilatorio, siempre que los beneficiarios no superen los dos salarios mínimos en ingresos.
También establece que las auditorías médicas y socioeconómicas deben realizarse en formatos accesibles. Además, incluye una actualización automática de aranceles para prestadores ajustada por inflación, una compensación económica financiada con recursos del Tesoro Nacional, y la validación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en todo el país.
Por último, el proyecto obliga al Poder Ejecutivo a presentar un informe anual al Congreso y a la ciudadanía con detalles sobre la ejecución presupuestaria, el número de pensiones otorgadas y las compensaciones abonadas. Se espera que el debate parlamentario se de el próximo miércoles 4 de junio.
