Desde Córdoba
Un año y más de 300 despidos después, la situación en Petroquímica Río Tercero llegó a su punto más crítico. La empresa perdió dos tercios de la planta que tenía hasta octubre pasado y a mediados de julio paralizó la producción por completo. Los 125 trabajadores que quedan están con dispensa y el martes que viene vence la conciliación obligatoria que se abrió el 15 de julio, en una mesa donde los sindicatos denuncian que la patronal no llevó ningún tipo de propuesta para tratar de encontrar una salida al conflicto. Por ese motivo amenazan con volver a tomar la fábrica como ya hicieron el 14 de julio si es que la Secretaría de Trabajo provincial no extiende la conciliación y exhorta a la empresa a presentar algo en concreto.
Es un golpe al corazón productivo de una ciudad con tradición industrial como Río Tercero y es también una crónica de como el modelo Milei empieza a pintar los paisajes del desastre laboral.
“Me angustia porque esto obedece a una situación más macro”, dijo hace unos días en declaraciones periodísticas el intendente municipal Marcos Ferrer. Es el presidente del radicalismo en Córdoba y el lugarteniente de Rodrigo de Loredo en su intención de rubricar un acuerdo con La Libertad Avanza en la provincia.
Ferrer relató que la dueña de la empresa le aseguró que no va a cerrar pero que no puede ofrecer soluciones ya que “es un privado, es como si cierra un comercio”.
“La verdad que no podemos hacer nada, salvo desde lo humano acompañar a las familias. Los trabajadores despedidos tienen la puerta abierta de mi oficina”, agregó el intendente días atrás. Pero los trabajadores dicen que no es así. “Hicimos una marcha el jueves pasado y militarizó la municipalidad. No pudimos llegar, nos quedamos a una cuadra. Y el 14 de julio nos mandó la Gendarmería a la planta”, le dijo a Página/12 Lucas Felici, delegado y secretario gremial del Sindicato Químico y Petroquímico.
“Marcos Ferrer lo único que hizo fue culpar a los convenios colectivos de trabajo, que son muy fuertes y no aceptamos flexibilizaciones. Parece que el problema de no poder producir en Río Tercero es que tenemos salarios altos y convenios muy buenos. Se puso la peluca”, remató Felici.
Despedazados por mil partes
El conflicto comenzó en octubre de 2024 con una primera ola de 140 despidos. Aunque los sindicatos lograron la reincorporación de una treintena de trabajadores fue el final definitivo de la producción de TDI, insumo clave de la industria colchonera ya que se usa para la fabricación de espuma de poliuretano. Petroquímica Río Tercero es controlada por los dueños del grupo Piero, la marca de colchones.
La planta original de 375 trabajadores tuvo su primer gran golpe, pero no el único. Fue solo el puntapié inicial de lo que parece ser un plan de desguace por tramos. El 14 de julio llegó otra tanda de despidos: 124 telegramas que se comían otro tercio de la planta original, y la mitad de la que había hasta principios de este mes. Sumando a los 80 trabajadores que realizaban tareas de mantenimiento -afiliados a la UOCRA- y que también fueron despedidos, las cesantías llegaron a más de 300 entre la planta fabril y los prestadores de servicios tercerizados.
Esto motivó que los trabajadores permanecieran dentro de la empresa durante 27 horas, entre el 14 y 15 de julio, hasta que la Secretaría de Trabajo de la provincia decretó la conciliación obligatoria y abrió una mesa de negociación. Sin embargo, los trabajadores dicen que los representantes de la empresa “solo van a tomar mate” y que ese ámbito operó como “una amansadora”. Por eso le piden a la autoridad provincial en materia laboral que extienda la conciliación por diez días más y obligue a la empresa a presentar un plan concreto que haga avanzar las conversaciones, hoy estancadas.
De lo contrario, los trabajadores ya comunicaron que el martes, cuando venza el plazo, volverán a ocupar la planta. “Esta empresa tuvo muchas exenciones impositivas. Le exigimos al gobierno provincial que tome cartas en el asunto y que tome las medidas para llegar a un plan de contingencia”, reclamó Felici.
Yo veo al futuro repetir el pasado
Petroquímica Río Tercero es un emblema industrial que fue parido con capital estatal en febrero de 1973 (con participación accionaria de YPF, Fabricaciones Militares y Atanor). Luego, en 1989, el gobierno de Carlos Saúl Menem puso la empresa como sujeta a privatización en el anexo de la Ley de Reforma del Estado. Petroquímica pasó así a manos de Bunge y Born -que, oh casualidad, fue quien puso el programa económico del inicio de la década menemista- y luego en 1996 pasó a formar parte del grupo Piero.
Tras el cierre de la planta de TDI, solo quedaron en pie las producciones químicas de escala industrial: ácido muriático, cloro, soda cáustica y PAC (policloruro de aluminio), un producto usado en el proceso de potabilización de agua. Petroquímica Río Tercero es uno de los dos fabricantes del producto a nivel nacional. Ese mercado es dominado por el otro fabricante: Transclor, empresa radicada en la localidad bonaerense de Pilar. A lo largo del conflicto, hubo algunos rumores de que Transclor estaría interesada en hacerse cargo de Petroquímica Río Tercero, lo que generaría una situación de virtual monopolio de un producto clave para un servicio esencial como es la potabilización del agua en el país.
