La representación gremial del instituto de estadísticas cuestionó la decisión oficial de mantener la canasta vigente del índice de precios y pidió avanzar con el esquema técnico previsto para la medición correspondiente a enero.
Los trabajadores del INDEC, nucleados en la Junta Interna de ATE, expresaron este martes su rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo de suspender la actualización de las ponderaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18), cuya aplicación estaba prevista para la difusión del dato de enero, el próximo 10 de febrero.
A través de un comunicado, la representación gremial advirtió que la medida constituye una intromisión política en definiciones estrictamente técnicas, y señaló que se adoptó a pocos días de una publicación estadística clave para la vida económica del país.
Rechazo a una decisión “no técnica”
Según el pronunciamiento, el argumento oficial de preservar la “comparabilidad” de las series estadísticas no resulta válido desde el punto de vista metodológico. “La comparabilidad puede garantizarse expandiendo la serie con los nuevos ponderadores o incluso publicando ambas metodologías en paralelo”, sostuvieron, y advirtieron que mantener canastas de consumo desactualizadas distorsiona la medición de la inflación real.
En ese sentido, los trabajadores alertaron que postergar la actualización del IPC debilita la credibilidad del organismo y afecta directamente variables sensibles como salarios, jubilaciones, convenios colectivos, políticas sociales y presupuestos públicos, que se ajustan en función de las estadísticas oficiales.
El comunicado también puso el foco en la estructura institucional del INDEC, al recordar que desde el Decreto 927/2009 funciona como organismo desconcentrado bajo la órbita del Ministerio de Economía. Para ATE-INDEC, esa dependencia jerárquica facilita presiones del Poder Ejecutivo sobre decisiones técnicas que deberían ser independientes.
Además, cuestionaron la eficacia de los mecanismos de control externo, como el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES), al considerar que no lograron garantizar un resguardo efectivo frente a interferencias políticas ni una transparencia plena de los procesos metodológicos.
“La actualización del IPC no es opcional ni coyuntural: es una obligación técnica elemental”, subrayaron los trabajadores, y advirtieron que medir la inflación con parámetros de consumo obsoletos afecta la calidad del indicador y erosiona la confianza pública.
En ese marco, la Junta Interna exigió la publicación inmediata del IPC con las nuevas ponderaciones, el respeto irrestricto a la autonomía técnica del organismo y la revisión urgente del marco legal vigente, con el objetivo de avanzar hacia una nueva ley orgánica que garantice independencia funcional y autarquía, en reemplazo de la Ley 17.622, sancionada en 1968.
Mientras se debate una reforma estructural, reclamaron la implementación de protocolos técnicos automáticos que eviten que actualizaciones metodológicas queden sujetas a decisiones políticas, y pidieron transparencia total de procesos y documentación.
“Defender la independencia del INDEC no es una consigna gremial, sino el derecho de la sociedad a contar con estadísticas públicas confiables”, concluyeron.
