La medida, que había sido anticipada por el vocero presidencial Manuel Adorni el martes, fue confirmada mediante el Decreto 985/2024 publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente, Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La disolución responde a una serie de inconsistencias plasmadas en un informe de auditoría realizado por la SIGEN, en el marco del análisis general de la gestión de los fondos fiduciarios, instrumentado por Milei a principios de marzo.
En el mencionado reporte, se advirtió «las debilidades en los procesos de rendiciones de cuentas o registración de información administrativa, contable y/o financiera, ausencia de monitoreo y control, así como debilidades en los procesos de registración y sistematización de la información sobre la administración y gestión del fondo fiduciario y atrasos en los procesos de auditoría sobre los estados contables», según precisó el texto oficial.
El cierre de otro fondo fiduciario se encuadra en el artículo 5° de la Ley N° 27.742 y el Decreto N° 695/24 que permiten al Gobierno modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos.
Cuál es el Fondo Fidunciario que cerró el Gobierno y los motivos
El Fondo Fiduciario de Capital Social se había creado en 1997 con el objetivo de «facilitar el desarrollo del sector de la microempresa de menores recursos a nivel nacional, con especial atención a las particularidades de cada región».
En este sentido, se había constituido una sociedad anónima administradora de dicho fondo, denominada FONCAP, que ofrecía financiamiento a instituciones de Microfinanzas; microcréditos a través de instituciones para potenciar o iniciar proyectos; capacitación y educación financiera en todo el territorio nacional; innovación para el sector de las microfinanzas; y eguros inclusivos para dar protección y cobertura a emprendedoras y emprendedores.
Ahora, el FFCS debe efectuar la liquidación y entregar los dineros y activos que integran el mismo al Estado, que es su único beneficiario, tras el tratamiento de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional.
Al adelantar la decisión gubernamental de eliminar el citado fondo, Adorni aseguró que el Estado se ahorrará cerca de 100 millones de pesos mensuales, señalando que «los objetivos no se cumplieron y el Fondo fue objeto de una pésima administración».
Asimismo, detalló que «entre los hallazgos de la auditoría que llevó adelante la SIGEN se encontró una administración sobredimensionada, que otorgaba créditos de manera discrecional, y ejecutaba gastos por encima de lo necesario», especificando que el «el 74% del total de sus gastos correspondía a sueldos y cargas sociales, con 20 millones de pesos destinados a oficinas, y 80 millones por mes asignados a sus 26 empleados, que en el último año otorgaron apenas 20 créditos».
En la misma dirección, reveló que «no había un esquema de promoción al financiamiento de las pymes, ni mecanismos para comprobar los niveles de cumplimiento esperado y no existían informes de gestión, entre otras irregularidades» y sostuvo que «tampoco se cuidaba el capital del fondo, que ni siquiera alcanzaba para cubrir los gastos administrativos».
Al respecto, el funcionario aportó que «cuando se creó este Fondo, el capital inicial era de 40 millones de dólares, hoy de ese capital apenas queda el 8%» y consideró que «el Estado metido en el medio no hace ni que las pequeñas, ni las medianas, ni las microempresas se desarrollen, así que lo mejor es que el Estado se corra de estos Fondos que no tienen ningún sentido, que le hacen perder dinero al contribuyente inútilmente y que no tienen ningún beneficiario».
