La oposición ya puso primera y apura los tiempos en el Senado para lograr la aprobación definitiva de la emergencia en discapacidad. Este jueves a la mañana, con las butacas de Diputados todavía tibias, la Comisión de Salud de la Cámara alta convocó a representantes de la sociedad civil para que expusieran a favor del proyecto. Esa primera reunión tan pronto –la media sanción ni siquiera había ingresado por mesa de entradas– funcionó como un mensaje. La idea del peronismo es tener la ley aprobada antes de fin de mes, junto al aumento de las jubilaciones y la moratoria previsional. Según supo Página/12, ése es el cálculo más optimista en cuanto a los tiempos que manejan en el bloque de Unión por la Patria. El apuro es lógico: el receso invernal está muy cerca, lo mismo que el calendario electoral –sobre todo en la Provincia de Buenos Aires–, lo que puede dilatar el tratamiento. Pero la voluntad política de avanzar es clara y es compartida por las organizaciones del colectivo, que ya demostraron su poder de movilización y su capacidad para instalar la discusión en la agenda pública. «Vamos a empujar el tema y los votos van a estar», confió a este medio uno de los senadores que impulsan la iniciativa.
«Todo el sistema de prestaciones de salud, educación, rehabilitación y transporte está en crisis», resumió frente a los senadores de la Comisión de Salud la doctora Elizabeth Aimar, presidente de la ONG Red de Asistencia Legal y Social. «Familias con discapacidad llegan diciendo que perdieron la prestación o que no pueden ir a las escuelas o los talleres porque el transportista no va, esa es la situación que viven esas personas», describió. Junto a ella expusieron Pablo Molero, referente del Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y Celeste Fernández, de la Asociación Civil por la Igualdad y la justicia (ACIJ), entre otros.
El próximo martes volverán a hacerlo, para un encuentro en el Senado convocado exclusivamente para tratar la media sanción de Diputados. Así como disertarán dentro del Palacio, las organizaciones además tienen previsto volver a movilizarse a los alrededores del Congreso –aún sin fecha definida–, tal como lo hicieron la semana pasada de forma masiva y también este miércoles, en paralelo a la sesión. La presión en las calles volverá a ser clave, tal como lo fue hasta ahora.
Mientras apura el debate, en el peronismo empiezan a sacar cuentas sobre los plazos y los votos. En el Senado, dicen, esperan un apoyo tan amplio como el que el proyecto consiguió en Diputados, donde obtuvo 148 votos a favor, es decir más de los dos tercios. En la Cámara alta esperan tener también el apoyo del radicalismo y de algunos senadores provinciales. «Es muy difìcil no votar esta ley. Además, el argumento fiscal del Gobierno para rechazarla es ridícula», confiaron.
Pese al apoyo amplio que obtuvo el proyecto, el Gobierno ya avisó que lo va a vetar. «Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit cero», posteó el propio Javier Milei en la medianoche del miércoles. Si todo se da como quiere la oposición, el Presidente pagará el costo del veto en plena campaña. Lo que no está claro, tanto para el proyecto de discapacidad como para los previsionales, es que se puedan juntar los dos tercios de ambas cámaras para rechazarlo. «Eso es otro cantar. Ahí si van a entrar a negociar los gobernadores», se atajan.
Pero antes, la idea es convocar a una sesión para fin antes de fin mes. Una posibilidad es que se empalme con la necesidad del Gobierno de tratar el proyecto de blanqueo que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo.
La media sanción
La «emergencia» a la que hace referencia el proyecto aprobado este miércoles abarca dos aspectos fundamentales: los atrasos en los haberes de los prestadores de servicios de rehabilitación, salud, educación y transporte; y el acceso a las pensiones por discapacidad. Ambas aristas del mismo problema se resuelven, según la oficina de presupuesto del Congreso, con menos del 0,5% del PBI. La compensación de emergencia para prestadores, por ejemplo, no supera el 0,03% del PBI. Esos fondos, dice el proyecto, se pueden redireccionar a partir de las partidas presupuestarias que maneja descrecionalmente la Jefatura de Gabinete.
El proyecto se votó y aprobó alrededor de las 12.56 de la madrugada del jueves. Obtuvo 148 votos a favor, 71 en contra (en su mayoría de LLA y el PRO) y hubo solo 3 abstenciones. «Nos concentramos en la emergencia porque hay una catástrofe en el sistema. Pero sabemos que nuestra democracia tiene una deuda muy grande con las personas con discapacidad y sus familias», dijo durante su discurso el impulsor de la norma, el diputado Daniel Arroyo. «El Estado tiene que acompañar a las personas con discapacidad y sus familias. No puede lastimarlas y generarles más dolor», agregó.
“Mi compromiso con la discapacidad que hoy esta en emergencia, es porque es un compromiso con los papas de esas personas, que lo unico que sueñan toda la vida es: ¿qué va a ser con mi hijo el día que yo no este?”, cerró su discurso otro de los impulsores, Eduardo Valdés, en uno de los momentos emotivos de la noche.
