Un total de 103 personas han muerto en más de una veintena de ataques hechos por fuerzas militares de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico, como parte del despliegue que mantiene ese país en la región desde agosto pasado supuestamente para combatir el envío de drogas a su territorio.
Según diversos reportes de la prensa, hasta el momento se cuentan 103 muertos, dos sobrevivientes y un desaparecido tras los bombardeos, que se han extendido por más de tres meses y que preocupan a varios gobiernos de la región y a organismos internacionales. Hasta ahora, EE.UU. no ha presentado ninguna prueba de que las víctimas hubiesen sido narcotraficantes, como acusa.
El principal argumento del Gobierno encabezado por Donald Trump es que los operativos se realizan en aguas internacionales y se basan en el «derecho de los conflictos armados» porque el presidente designó a los narcotraficantes como organizaciones terroristas extranjeras.
Las agresiones, que comenzaron el 2 de septiembre, han sido informadas tanto por Trump como por su secretario de Guerra, Pete Hegseth, y por el Comando Sur. Estas acciones contra civiles han causado rechazo incluso en el Congreso estadounidense.
Sin información
Los «ataques cinéticos letales», como los ha denominado Washington, se han realizado supuestamente para frenar el tráfico de narcóticos que van a través de aguas caribeñas y del Pacífico a EE.UU. Sin embargo, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Brasil, Luis Inacio Lula da Silva; y México, Claudia Sheinbaum, han rechazado los métodos utilizados por la Administración Trump.
A pesar de que ya se reportan más de cien víctimas, según los mismos conteos públicos que ha hecho Washington, aún no se conocen de manera oficial los nombres de las personas fallecidas o los delitos que se les imputaban sin que hubiera un proceso judicial previo.
Además, las autoridades estadounidenses no han informado las coordenadas ni los datos de geolocalización de esas pequeñas embarcaciones, que fueron destruidas junto con sus tripulantes. Tampoco se sabe cuánta cantidad de droga transportaban, ni cómo fue el proceso legal que culminó con la orden para que los botes fueran bombardeados.
Desde que se iniciaron estas acciones hostiles, Petro catalogó lo ocurrido de «asesinato» y afirmó que su abogado Dan Kovalik iniciaría la defensa judicial de la familia del colombiano Alejandro Carranza, un pescador muerto por un misil disparado a su lancha en el Caribe.
Organismos internacionales como Naciones Unidas han tildado los ataques como una «violación del derecho internacional» porque se trata como «ejecuciones extrajudiciales». Pero los operativos no cesan.
De hecho, el jueves de esta semana, el Comando Sur de EE.UU. informó un nuevo ataque contra embarcaciones en el Pacífico oriental, que dejó un saldo de cinco muertos.
Escándalo
El jefe del Comando de Operaciones Especiales de EE.UU., almirante Frank M. Bradley, se ha convertido en uno de los protagonistas del intenso debate internacional que existe alrededor de estos operativos, ya que fue el responsable del primer ataque con misiles a una embarcación, realizado el pasado 2 de septiembre.
La agresión de por sí fue cuestionada, pero el escándalo creció al descubrirse que Bradley habría recibido la orden de atacar por segunda vez la embarcación, al percatarse de que había sobrevivientes.
Esta semana, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que el Gobierno presentaría ante la Cámara de Representantes un video sin editar sobre el doble bombardeo, supuestamente para justificar el operativo, pero advirtió que la grabación no estará disponible para la prensa porque no sería «apropiado» para el público en general.
La agresión de EE.UU. en el Caribe, en síntesis
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Despliegue militar: desde el pasado mes de agosto, EE.UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas. Washington anunció posteriormente la operación Lanza del Sur, con el propósito oficial de «eliminar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental y «proteger» a EE.UU. «de las drogas que están matando» a sus ciudadanos. Asimismo, Trump ha afirmado que, a estos efectos, en breve lanzará agresiones «en tierra».
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Operativos letales: como parte de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 80 personas muertas y sin pruebas de que realmente traficaran con estupefacientes.
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Asalto a buque petrolero: en una escalada de las acciones violentas de EE.UU. en la región, militares estadounidenses asaltaron un buque petrolero en costas venezolanas. Caracas catalogó el hecho como un «robo descarado» y un «acto de piratería internacional». El presidente venezolano, Nicolás Maduro, tachó la situación de «acto absolutamente criminal e ilegal» y acusó a la Casa Blanca de actuar «como piratas del Caribe contra una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz».
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Acusaciones y recompensa: Washington ha acusado, sin presentar evidencias, al mandatario venezolano de liderar un cártel del narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura.
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Postura de Caracas: Maduro denuncia que el objetivo real de EE.UU. es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela. «Se les cayó la máscara, el narcotráfico es ‘fake news’, es el petróleo que se lo quieren robar«, expresó tras el asalto del tanquero con crudo venezolano en aguas caribeñas.
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Falta de sustento: la ONU y la propia DEA señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia suelo estadounidense, ya que más del 80 % de las drogas utilizan la ruta del Pacífico.
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Condena internacional: Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. Expertos califican los ataques a embarcaciones como «ejecuciones sumarias» que violan el derecho internacional.
