El exmagistrado permanece actualmente bajo prisión domiciliaria mientras continúa el proceso judicial. Uno de los expedientes está vinculado a investigaciones por narcocriminalidad en Rosario.
El exjuez federal de Rosario, Marcelo Martín Bailaque, quedó formalmente acusado en tres expedientes vinculados a presuntos hechos de corrupción y la fiscalía anticipó que solicitará una pena de hasta 10 años de prisión por el tramo considerado de mayor gravedad.
De acuerdo con la acusación presentada por fiscales federales, las conductas atribuidas al exmagistrado configuran lo que definieron como una “trama de corrupción estructural” dentro del ámbito judicial.
Los delitos atribuidos
En los distintos legajos se le imputan delitos como prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos.
Según la hipótesis fiscal, las maniobras habrían consistido en la utilización indebida de la función judicial para favorecer intereses particulares y obtener beneficios económicos. Los investigadores sostienen que no se trataría de hechos aislados, sino de un esquema articulado con impacto directo en causas sensibles.
Uno de los expedientes está vinculado a investigaciones por narcocriminalidad en Rosario, donde se analiza si el exjuez habría dictado resoluciones presuntamente irregulares para beneficiar a determinados actores.
Otros imputados y posible juicio oral
En el mismo proceso también fueron acusados un escribano, señalado como presunto intermediario en maniobras extorsivas, y la esposa del exmagistrado, investigada por operaciones relacionadas con el supuesto lavado de activos.
Las acusaciones fueron impulsadas por fiscales con intervención de áreas especializadas en criminalidad económica y narcotráfico. Ahora será el juzgado interviniente el que deberá resolver si la causa avanza a juicio oral.
Fuentes judiciales precisaron que, si bien se trata de hechos diferenciados, existe una conexión entre los distintos legajos, por lo que no se descarta que puedan unificarse en un solo debate. Además del pedido de 10 años de prisión para el tramo más grave, la fiscalía prevé solicitar penas de cumplimiento efectivo, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y multas en los otros expedientes.
El exjuez permanece actualmente bajo prisión domiciliaria mientras continúa el proceso judicial.
