Este jueves habrá sesión en el Senado para tratar el veto al reparto automático de los ATN. Entre los otros temas que sumará la Cámara Alta, uno sobresale por su importancia y la oportunidad de dar un cierre positivo a la lucha de años de un colectivo de familias que buscan que otros no pasen por su misma tragedia: podría sancionarse finalmente la denominada “ley Nicolás”, que busca evitar diagnósticos médicos errados y acotar los riesgos de mala praxis, y que toma su nombre de Nicolás Deanna, el joven de 24 años que falleció en Villa Gessell en 2017 por un mal diagnóstico y tratamiento. Tras un largo derrotero legislativo en el que estuvo dos veces a punto de perder estado parlamentario, y con la lucha denodada de la ONG «Por la Vida y la Salud», liderada por Gabriela Covelli, mamá de Nicolás, Diputados aprobó esta ley en diciembre de 2023, y se espera que el Senado complete mañana la otra media sanción.
La ley, en la que trabajaron una gran cantidad de profesionales de distintas disciplinas, propone un cambio que incluye desde formación y verificaciones periódicas de la aptitud profesional de los equipos de salud, hasta la informatización de las historias clínicas de todo el país (un punto que ya se había desprendido y había quedado aprobado en otra ley). Indica también que todas las instituciones de salud, públicas o privadas, deben reportar los errores médicos en el sistema SISA (que centraliza el Ministerio de Salud), algo que hasta el momento, increíblemente, no ocurría. Busca lograr una estadística anual de mala praxis, entre otras cosas.
Y un cambio central: Que las matrículas salgan de la órbita de los colegios de médicos, para pasar a depender del Ministerio de Salud. «Para evitar que el ejercicio de la medicina quede reducido a un negocio de corporaciones», define Covelli, y que un profesional de la salud con probada mala praxis pueda simplemente cambiar de jurisdicción y seguir ejerciendo.
El primer artículo establece que se debe asegurar el “derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”.
La ley fue escrita originalmente por la mamá de Nicolás -que es abogada-, tras lo cual el diputado Fabio Quetglas la analizó y le dio formato legislativo, junto a la Academia Nacional de Medicina y a distintos referentes en seguridad del paciente. El 29 de Julio de 2022 tomó estado parlamentario. El 8 de diciembre de 2023 obtuvo media sanción de Diputados, por unanimidad, cuando ya se había agotado el periodo ordinario de sesiones y estaba por perder estado parlamentario. En una excepción legislativa impulsada por la entonces presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, y atendiendo a todo el trabajo previo realizado, se sumó el tema a la sesión especial, el día del cambio de autoridades (la asunción de Milei).
En septiembre del año pasado fue tratada en el plenario de Comisión Salud y Legislativa de Senadores, donde expositores de seguridad y calidad sanitaria manifestaron que es una ley «modélica para toda América» y que «marcará un gran avance en el sistema de salud argentino». Tuvo dictamen favorable y pasó al recinto para su votación.
«Si no se vota ahora, a fines de 2025 pierde estado parlamentario, lo que significa que todo el trabajo logrado hasta hoy se pierde, y hay que volver a presentarla. Sería imperdonable», repasa Covelli en diálogo con Página/12. «Esta ley nació de la lucha de más de 400 familias de todo el país, y es impulsada por ellas sin descanso. Este jueves, gracias al impulso de la Senadora Edith Terenzi, Ley Nicolás forma parte del temario de la sesión, y será votada. Es nuestra gran oportunidad para cambiar el paradigma actual por la atención centrada en el paciente, no como objeto sino como lo que es, un sujeto de derecho».
