El próximo 8 de julio, mientras el presidente Javier Milei y sus ministros encabecen la vigilia del Día de la Independencia en un frío Tucumán, llegarán a su fin las facultades delegadas que el Gobierno obtuvo a través de la Ley Bases. Por estas horas, en el Gobierno aseguran que no buscarán renovar dicha facultad, al tiempo que aseguran que aprovecharán hasta el último momento para publicar los decretos pendientes que interesan al Ejecutivo.
En este marco, en Casa Rosada hay dos áreas que trabajan a contrarreloj: los despachos que dependen del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal Murphy.
Si bien el oficialismo mantiene un estricto hermetismo sobre el tema, entre las medidas que la gestión libertaria tiene pendientes, y que podrían apurarse esta semana por decreto, se encuentra la reducción de la estructura del Estado. En ese sentido, se prevé que finalmente se avance con la unificación de dependencias estatales y transformación de organismos.
En este aspecto, una de las reformas más significativas se concentra en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo autárquico bajo la órbita del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. El objetivo de Sturzenegger para el ente es ajustar el presupuesto, reducir personal y desprenderse de varias de las sedes que posee el instituto. Lo que sí quedó descartado en los planes oficiales es su fusión con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Otra de las modificaciones que se esperan para los próximos días es la fusión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que estaba prevista en el artículo 161° de la Ley Bases.
El Gobierno no renovará facultades delegadas: cuál será su estrategia en el Congreso
Como contó este medio, el rol de Sturzenegger se redefinirá luego del vencimiento de las facultades delegadas. Al igual que otros compañeros de su gabinete, el ministro es posible candidato legislativo de cara a octubre.
Así las cosas, en el Gobierno prueban nuevas estrategias para avanzar en su agenda legislativas. En esta línea, se reflotó el Consejo de Mayo la semana pasada, con el objetivo de generar consensos para aprobar su agenda legislativa, especialmente proyectos que considera clave como la reforma laboral. En el primer encuentro se definió que el documento final, entendido como un texto con propuestas concretas para el Congreso, estará recién en diciembre. Para entonces, el Ejecutivo espera un recambio favorable de las bancas, que lo ayude a oxigenar la gestión y proyectar 2026.
Actualmente, el oficialismo no cuenta con los dos tercios de las cámaras necesarios para, entre otras cosas, ratificar vetos. Surge ahí un conflicto con la nueva fórmula jubilatoria que avanza en el Senado, que además puede generar una ola de conflictividad social.
Sobre este último punto, los gobernadores juegan un rol importante. Pese a la postura pública de Javier Milei, que la semana pasada cuestionó a los mandatarios locales durante una cena de recaudación de La Libertad Avanza, en Casa Rosada intentan bajar el tono al conflicto y tender puentes institucionales. En ese marco, señalaron que el reclamo sobre la coparticipación de fondos es «razonable» y preparan una contraoferta.
