Este miércoles 15 de octubre se realizará en España un debate (transmitido en vivo) sobre Lawfare en la Universidad Carlos III (Puerta de Toledo), con expertas/os de primera línea. Mónica Oltra, María José Fariñas, Gerardo Pisarello, Silvina Romano y Baltasar Garzón que abordarán desde diferentes ángulos este problema, tomando como referencia el caso de Cristina Fernández de Kirchner (CFK).
La ex presidenta argentina se encuentra actualmente condenada a 6 años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos políticos, por una causa de la que no existieron pruebas fehacientes, en un proceso judicial con todas las características del lawfare, (instrumentación del derecho con fines de persecución política por la vía judicial). Y no solo eso. El actual presidente argentino, Javie Milei, lo ha confirmado en una reciente entrevista en TV. Milei, que llegó al gobierno realizando una campaña centrada en una aparente batalla contra “la casta y los corruptos”, se encuentra actualmente atrapado en varias tramas judiciales por corrupción, desde el Caso Libra hasta las coimas (sobrepagos) presuntamente recibidos por su hermana Karina Milei. Milei afirmó: “soy el primer presidente que tomó la decisión de que CFK vaya presa”.
Milei está en lo correcto. La razón por la cual Cristina Fernández de Kirchner está condenada, no es judicial, sino política, repitiendo un patrón que se repite de forma sistemática en diferentes países de América Latina en los últimos 25 años. La Causa Vialidad por la que se ha sentenciado a CFK, ya había sido estudiada, analizada y calificada como lawfare por parte de renombrados/as juristas, en el libro “Objetivo Cristina: el lawfare contra la democracia en Argentina”,
El lawfare contra Cristina Fernández
En el mencionado libro y otros artículos se enumeran las características del lawfare contra CFK, tales como el Acoso Judicial. Fueron más de 654 denuncias en su contra, con 13 causas en las que llegó a ser procesada (Dólar futuro, Obra pública, Los Sauces, Hotesur, Cuadernos, etc.). Hostigada con ocho declaraciones indagatorias en el mismo día y con una reapertura sistemática de investigaciones y causas que habían sido archivadas por falta de pruebas, etc.
Sufrió escuchas ilegales, espionaje y operativos ilegales. Durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) se colocaron de forma deliberada micrófonos en celdas y en reuniones de funcionarios vinculados a CFK y sus abogados. Se empleó un doble rasero en su detrimento, dejando de lado casos más graves que afectaban a la familia del entonces presidente Macri (Correo Argentino, Aportantes Truchos, etc.), mientras que la condena para aquella se realizó en tiempo récord, igual que sucedió con casos que afectaban a otros líderes populares, similar a las condenas de Rafael Correa, expresidente de Ecuador y Lula da Silva, presidente de Brasil. Todos ellos adolecían de la misma falta de pruebas y tuvieron el mismo resultado predeterminado en contra del buen derecho.
Y para rematar, la manipulación, el cambio cargos judiciales, la vulneración del principio del juez natural predeterminado por la ley mediante la designación por decreto del presidente Macri de jueces de la Corte Suprema; hostigamiento contra la Procuradora(Fiscal) General; delaciones premiadas en forma irregular; intervención del Consejo de la Magistratura propiciando sorteos irregulares que asignaron 10 de las 12 causas contra CFK al mismo juez, el fallecido Bonadio, reconocido enemigo político de aquella.
Tampoco faltaron las delaciones premiadas, construcción de pruebas, utilización de copias y no originales de documentos, intervención de un falso abogado (D’Alessio) para extorsionar a empresarios para que inculparan a CFK en la causa Cuadernos, los testimonios de «arrepentidos» en esa causa no se firmaron ni grabaron, y los “cuadernos” (principal prueba) no se aportaron originales sino fotocopias; abuso de la prisión preventiva contra los investigados próximos a CFK.
En todo este entramado, la independencia del poder judicial brilló por su ausencia, agravado por el hecho de que algunos de los jueces que intervinieron en los procesos mantuvieron relaciones profesionales promiscuas con el presidente Mauricio Macri durante la tramitación de aquellos.
Violencia política de género
La Presidenta Cristina Fernández, ostenta el triste récord de haber recibido 654 denuncias seriales contra ella y su familia durante su desempeño en la función pública (2004 y 2022). Este evidente acoso contra ella y su familia, se normalizó, porque el “Objetivo Cristina” fue blanco privilegiado de la violencia política de género. Baste recordar algunas de las portadas que fueron publicadas, cargadas violencia verbal y machismo, que no contaron con ningún tipo de sanción. Frases y titulares como: “El goce de Cristina”, “Se muestra cada día más desenfadada, sensual y hasta procaz”, “la sumisión del otro ya es un requisito indiscutible de su liderazgo”, “Cristina compró hasta 1 millón de dólares en joyas, por año”, “Síndrome Cristina: estrés y trastornos anímicos del poder”, “Escenas increíbles del miedo a Cristina”, “Hormonas, luto, planes y estrés. Los 60 de Cristina”, muestran la deshumanización de los medios que las plasmaron cobardemente en sus portadas contra una dirigente política por el solo hecho de ser mujer. Definitivamente, se normalizó esta agresión contra la líder más importante de Argentina y la región, en la línea con lo sucedido con Dilma Rousseff en Brasil, Paola Pabón en Ecuador, o con la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Aquí en España, también tenemos ejemplos próximos de esa misma dinámica contra mujeres políticas y servidoras públicas concretas. Por todo ello, es de enorme importancia que desde la academia se aborden los diferentes ángulos de esta problemática: el lawfare y el modo en que opera el Poder Judicial, la persecución política y las derechas; la violencia política de género normalizada; la estigmatización y criminalización operada por medios de comunicación corporativos, con la finalidad de detallar las características que reviste en cada país. Hasta ahora, lo que sabemos por la experiencia en América Latina, es que se trata de un mecanismo que no considera el debido proceso judicial y corroe las bases institucionales del Estado de derecho. Y lo más importante, que opera como una amenaza directa y cierta contra principios básicos de la democracia como la inclusión política, económica, social y cultural, anulando cualquier posibilidad de justicia social y alterando el equilibrio entre los diferentes poderes del Estado.
