Más de 1187 personas fueron condenadas por crímenes contra la humanidad en la Argentina. Se hizo mucho, pero falta bastante. Más de la mitad de las investigaciones aún no llegaron a un tribunal oral. El contexto no ayuda: el gobierno busca horadar el consenso construido en las últimas cuatro décadas. La Corte Suprema se mantiene en silencio. Para romper esa impasibilidad, organismos de derechos humanos y abogados de lesa humanidad irán el próximo miércoles al Palacio de Justicia para pedirle a Horacio Rosatti que convoque a la comisión interpoderes, que hace más de tres años que no se reúne.
La interpoderes se creó en 2008, cuando los juicios recién estaban comenzando. Fue la forma que encontró la Corte Suprema para reunir a todos los actores involucrados en los procesos e ir buscando soluciones a las dificultades que no dejaban de aparecer. Hasta 2016, la interpoderes se reunió con cierta frecuencia.
Hubo un quiebre en la relación de la Corte y el movimiento de derechos humanos: el fallo del 2×1 que Carlos Rosenkrantz, Elena Highton y Rosatti firmaron el 3 de mayo de 2017. A partir de entonces, la interpoderes dejó de convocarse. Recién volvió a tener actividad en octubre de 2020 –después de que la diputada Vanesa Siley pidiera el juicio político del entonces presidente del máximo tribunal, Rosenkrantz, por su postura frente a los expedientes por crímenes contra la humanidad.
Entonces Rosenkrantz resucitó la interpoderes. Sin embargo, la mayoría de los organismos de derechos humanos decidió no asistir en línea con lo que propusieron el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos. Todos acusaban a Rosenkrantz de intentar lavarse la cara con una convocatoria a la comisión. Los que sí fueron, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), no obtuvieron respuestas a sus pedidos: no se le dio celeridad a las causas.
El contexto se agravó con la llegada al gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel. En esa línea, abogados y abogadas de lesa humanidad nucleados en el Colectivo Mario Bosch pidieron en julio de este año que se reuniera la comisión interpoderes. En ese momento veían que había demoras en la instrucción de las investigaciones, pedidos de indagatorias que nunca se resuelven, falta de salas para llevar adelante los juicios, audiencias esporádicas y una decisión del Poder Ejecutivo de restringir el acceso a los archivos de la dictadura –particularmente en los ministerios de Defensa y Seguridad y en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
La Corte jamás respondió al pedido del Colectivo Bosch. En septiembre pasado, 245 organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil reiteraron la solicitud. Tampoco consiguieron una contestación. Frente a ese silencio, resolvieron que el próximo miércoles a las 10.30 se darán cita en el hall del Palacio de Tribunales para pedir una respuesta del máximo tribunal.
“Esperamos que los miembros de la Corte reflexionen sobre la importancia que tiene la comisión interpoderes para resolver los múltiples problemas que hay en la instrucción de las causas y en los juicios orales de lesa humanidad”, dice el abogado querellante Pablo Llonto, integrante del Colectivo Mario Bosch.
“Hay familias que hicieron la denuncia en 1976, 1977 o 1978 y la volvieron a hacer en 2009 o 2010 y aún no tuvieron un solo juicio oral. Quedan miles de genocidas en todo el país sin detener. Por ejemplo, los responsables de muchas comisarías, los que daban las zonas liberadas, decenas de pilotos de vuelos de la muerte del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, las jerarquías del Batallón 601, los médicos de las inyecciones, los dueños y gerentes de Dálmine Siderca del grupo Techint, los que mataron a los palotinos, los que ocultaron los restos de las víctimas que aparecían en las playas, los grupos de tareas que salían de cada escuela de Campo de Mayo, los que falsificaron operativos. La lista es larguísima”, enumera.
Representantes de organismos de derechos humanos se vieron las caras esta semana con Rosatti. Fue cuando acudieron al Consejo de la Magistratura para pedir que ese órgano investigara si su vicepresidenta, la jueza Agustina Díaz Cordero, había participado de un encuentro con los amigos de los represores que se reunían en Montevideo 871, la sede de la fundación del cura Javier Olivera Ravasi. Los organismos consiguieron ser escuchados, pero se fueron con las manos vacías.
