En la causa Vialidad, la diferencia entre los números oficiales y los de la defensa de Cristina Kirchner es tan grande que parece sacada de dos expedientes distintos. Este lunes, un perito contador presentado por la expresidenta calculó que el monto actualizado a decomisar ronda los $42.494 millones, muy por debajo de los $684 mil millones que había estimado la Corte Suprema.
El informe, entregado por el abogado Carlos Beraldi al Tribunal Oral Federal 2, toma como base las obras adjudicadas entre 2003 y 2015 y actualiza los valores con la tasa pasiva promedio del Banco Central. Esa metodología contrasta con la que usaron los peritos de la Corte, que aplicaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para llegar a una cifra 16 veces mayor.
La discusión no es menor, porque en los próximos días el TOF 2 tendrá que definir qué cálculo tomar para intimar a los condenados –entre ellos Cristina Kirchner– a depositar su parte. Y más allá de la diferencia de métodos, lo que queda claro es que en esta causa los números también son política.
La defensa sostiene que el monto oficial está sobredimensionado de manera intencionada para agravar la situación judicial de la expresidenta, en una causa que desde su inicio fue cuestionada por direccionamientos y arbitrariedades. Del otro lado, los acusadores respaldan su cifra diciendo que refleja la pérdida actualizada del Estado por esas obras.
Lo cierto es que este nuevo capítulo vuelve a dejar en evidencia cómo se manejan las causas de peso político en Comodoro Py. Acá no se discuten sólo números: la actualización de los montos y el criterio que se elija para cobrarlos forman parte de una pulseada mayor, donde las planillas contables se mezclan con fallos hechos a medida y operaciones mediáticas.
