Las calles de Washington y Nueva York fueron cubiertas totalmente con el asfalto venezolano, arrancado por las ávidas empresas estadounidenses, que gozaron de privilegios y de condiciones más que ventajosas para la extracción de recursos durante finales del siglo XIX y todo el siglo XX.
Una de las historias del expolio que permitió a los estadounidenses desplazarse por vías hechas con recursos venezolanos se inició en 1883, cuando el Gobierno de Antonio Guzmán Blanco les otorgó a la empresa estadounidense New York & Bermudez Company, una «concesión exclusiva» para la explotación de asfalto por 25 años en el antiguo estado Bermúdez (actual estado Sucre), recoge Fundación Polar.
La firma estadounidense se situó cerca del lago Guanoco, considerado como el lago de asfalto más grande del mundo, cuya extensión es de 4km². Allí comenzó a construir instalaciones en 1886 y, dos años después, su concesión fue extendida por 99 años. A partir de 1891 se iniciaron las exportaciones a EE.UU.
Injerencia política y petróleo
New York & Bermudez incumplió lo acordado con el Gobierno y entró en un largo conflicto legal por concesiones con otros contratistas, que buscaron «apoyo tanto en EE.UU. como en Venezuela, utilizando todos los medios disponibles, desde el recurso legal hasta el soborno«, refiere la Fundación Polar.
Como los tribunales fallaron a favor de la estadounidense Warner-Quinlan y de la local Venezuelan Mine, la New York & Bermudez culpó al presidente de ese entonces, Cipriano Castro, de ordenar la decisión, por lo que financió su derrocamiento. Este tipo de injerencia sigue siendo una de las prácticas de las corporaciones para ‘defender’ sus intereses.
Tras la batalla legal, quedó al descubierto el apoyo de Washington a la New York & Bermudez. Este escándalo no impidió que esa empresa, cuyas acciones compró la estadounidense General Asphalt Company, siguiera operando en Venezuela hasta 1935.
Las concesiones de regalo
Cuando las concesiones se entregaban a venezolanos, estos las traspasaban a compañías extranjeras, que se valían de trampas legales para obtener cada vez más licencias de operación en el país. Aunque el llamado ‘oro negro’ aún no tenía la relevancia económica del asfalto en el siglo XIX, la historia cambió en la centuria siguiente.
El primer código nacional minero, según el libro «Petróleo en Venezuela. Una historia», se estableció el 15 de marzo de 1854. Allí «se dio por sentado que la nación conservaba el dominio de los depósitos del subsuelo», pero no estaba dicho expresamente, lo que fue corregido en 1855.
Hasta 1904 las concesiones de crudo se otorgaron bajo esos principios. Ese año, en el Gobierno de Castro se creó una ley minera que establecía que las empresas tendrían que pagar impuestos de 2 bolívares por hectárea de la superficie seleccionada (1 bolívar representaba por lo menos 3 dólares) para explotación y un canon de 4 bolívares por tonelada. Ya en ese tiempo se criticaba lo reducido de los gravámenes, la «generosidad» de los contratos, la falta de retribución por el derecho de exploración y la extensión de las concesiones.
Además, existía una omisión de origen: no había una disposición que previera «la reserva de tierras para la nación como salvaguardia del futuro«. Así, estas políticas liberales, que buscaban generar ingresos, aglutinaron a codiciosos inversionistas extranjeros que allanaron su camino a través de opacidad legal, chantaje, tráfico de influencias y presión a los gobiernos de turno.
Cifras demoledoras
En su texto fundamental «Hundiéndonos en el excremento del Diablo», el abogado y exministro venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso ofrece un dato demoledor: entre 1917 —cuando se hicieron las primeras exportaciones considerables desde el pozo Zumaque I (Zulia)— y 1928, «la producción acumulada de 240 millones de barriles de petróleo y 26 millones más por equivalencia térmica del gas extraído con ese petróleo» solo generó una participación fiscal de 8 millones de dólares
Así, en casi 20 años de explotación del hidrocarburo (1917-1936), el país percibió 90 millones de dólares, solo 8 % de una producción de 1.148 millones de barriles de petróleo y de 153 millones de barriles de gas.
Con la llegada del dictador Marcos Pérez Jiménez, un gran defensor de los intereses de EE.UU., se «facilitó el expolio», según Pérez Alfonso, con la entrega descontrolada de licencias extranjeras y la reversión de las políticas de concesiones, como el llamado 50/50, impulsado por el derrocado presidente Isaías Medina Angarita.
En el lapso que va desde 1917 hasta la nacionalización del petróleo, en 1975, se produjeron 38.664 millones de barriles, que generaron 104.167 millones de dólares. El Estado recibió 43.900 millones, que corresponden a 42 % de ese monto, que fueron aportados en su mayoría entre mediados de los 60 y principios de los 70.
Manos sobre la riqueza petrolera
Pérez Alfonso, padre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), se refiere en su libro a la «presión de los intereses privilegiados, cómplices de las transnacionales», que «privó sobre gobiernos poco preparados» para administrar la inmensa riqueza generada por el hidrocarburo.
Por su parte, el escritor Orlando Araujo en «Venezuela violenta» habla sobre la subordinación de la economía nacional a las decisiones de los «capitales extranjeros, fundamentalmente norteamericanos«.
Para el autor, el «destino» de su país era «una prolongación periférica de otra economía más poderosa», que solía presionar a las oligarquías locales para que estas coaccionaran a los gobiernos.
Oro negro en pocas manos
Ya en 1920, EE.UU. se posicionó como «el primer socio comercial e inversionista extranjero de Venezuela» y, con la II Guerra Mundial, el país suramericano se convirtió en el «suplidor seguro y confiable», recoge Petroleum.
Las estadounidenses Standard Oil (actual ExxonMobil), cuya filial era Creole Petroleum Corporation, y Gulf Oil Corp (actual Chevron) y la británico-holandesa Royal Dutch Shell monopolizaron la producción de crudo y desarrollaron la infraestructura del país para la explotación en los pozos de la Faja Petrolífera del Orinoco, en Mene Grande (Zulia), en Anaco (Anzoátegui) y Jusepín, y de refinación en Cardón y Amuay (Falcón) y El Palito (Carabobo).
Estas transnacionales, según Carlos E. Lippo, operaron «bajo distintas legislaciones, elaboradas por ellas mismas o consensuadas ampliamente con ellas, hasta la promulgación de la Ley de Hidrocarburos de 2001″, durante el Gobierno de Hugo Chávez, basada en la Constitución, y que dice: «Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, PDVSA, o del ente creado para el manejo de la industria petrolera».
A poco más de cuatro meses de la promulgación de esa ley, la derecha venezolana respaldada por EE.UU. perpetró un golpe de Estado contra Chávez, que fue revertido en pocos días por una rebelión popular.
Los monopolios extranjeros, sostiene Lippo, acordaron la nacionalización del petróleo, en 1975, con el Gobierno de Carlos Andrés Pérez y «promovieron golpes y crímenes de Estado cada vez que los sucesivos gobiernos formularon alguna reforma legal que intentase aumentar la participación fiscal del Estado en la explotación petrolera».
