Mauricio Macri y compañía no están pasando por los mejores días. La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso presentado por la defensa de dos directivos del Grupo Macri, que pretendían apartar a dos jueces de la Cámara Federal porteña en el marco de la causa penal conocida como «Correo Argentino». Se trata de la investigación por el presunto fraude al Estado a través de un acuerdo firmado en 2016 entre la administración nacional que encabezaba el presidente Macri y la empresa controlada por su familia.
Los directivos e imputados Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., y su representante legal, el abogado Jaime Kleidermacher, habían recusado a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico invocando “temor de parcialidad”. Argumentaron que ambos tendrían “enemistad manifiesta” con el ex mandatario, lo cual, según los acusados, se extendería hacia ellos.
En el caso de Farah, recordaron que denunció las presiones que recibió durante el gobierno de Macri luego de resolver la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, del canal C5N. Con respecto a Boico, apuntaron que fue defensor de la expresidenta Cristina Kirchner y de Oscar Parrilli en la causa por el memorándum de entendimiento con Irán. A pesar de los nulos avances del expediente, radicado desde 2017 en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, ambos imputados sostuvieron que “posee un claro contenido político, con la pretensión de poner de rodillas a Mauricio Macri”.
La recusación fue rechazada en primera instancia por la Cámara Federal, decisión que ratificó luego el juez de la Cámara de Casación Penal, Javier Carbajo. “La defensa no ha conseguido demostrar que, en las particulares circunstancias que rodean la incidencia, se encuentre objetivamente sustentado el temor de parcialidad denunciado”, expresó el camarista en ese momento.
Los abogados de los imputados recurrieron al máximo tribunal, que ahora desestimó la queja. “El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal; por ello, se desestima la presentación directa”, señala la resolución que firmaron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti.
La causa penal también involucra al exministro de Comunicaciones de la administración Macri, Oscar Aguad, y al ex titular de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa. Los cuatro están acusados por el acuerdo celebrado en 2016 entre el gobierno del Juntos por el Cambio y Correo Argentino S.A. en el año inicial de la gestión macrista.
En 2017, la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, detectó que se había armado un acuerdo espurio con el propio Estado para licuarle al grupo empresario el 98,87 por ciento de su deuda con el Estado. Calificó al acuerdo como “ruinoso” y “abusivo”, y logró frenar su ejecución. “La propuesta a la que se prestó conformidad es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”, dictaminó. “La transacción aceptada –además de perjudicar los intereses del Estado Nacional, lo que la hace inadmisible– podría implicar un beneficio directo para la concursada (Correo Argentino), en el cual integrantes de la familia del Presidente de la Nación tendrían indirectos intereses económicos directos o indirectos”, destacó Boquin, y recordó que casi el 70 por ciento del paquete accionario de la empresa pertenecía a Sideco Americana S.A., controlada a su vez por Socma Americana S.A., que poseía el 95,1 por ciento de sus acciones.
La decisión de los cortesanos, que esta vez contraría el deseo de los directivos del Grupo Macri, se produce días después de que los mismos jueces confirmaran la anunciada proscripción de Cristina Fernández de Kirchner para ejercer cargos públicos y seis meses después de que cumplieran con un pedido del expresidente Macri. Fue en la última semana de diciembre de 2024 cuando habilitaron a que el expediente que tramita en el fuero comercial nacional por la quiebra de la empresa postal en 2001 sea revisado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires. Con las firmas de Rosatti, Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, que se jubiló esa misma semana, dieron el visto bueno para que el tribunal porteño pueda revisar los recursos no solo del fuero comercial sino también del civil, del laboral y del penal.
Los sindicatos que nuclean a los trabajadores judiciales repudiaron aquel fallo. Su objetivo es “fundamentalmente garantizar la impunidad de Mauricio Macri en la causa Correo Argentino en desmedro del Estado Nacional”, sostuvo la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. “Macri busca un tribunal adepto. El TSJ no respeta los derechos de sus trabajadores. Repudiamos esta sentencia con que la Corte termina de ensuciar la democracia argentina”, expresó el Sitraju.
El caso del Correo lleva en su carátula el nombre de Socma Americana, S.A., empresa medular del Grupo Macri, controlante del Correo, que debería ser la que afronte la quiebra si quedara firme, lo que podría causar la ruina económica para la familia. El expediente por la deuda del Correo se inició en el 2001, pero recién dos décadas después la jueza Marta Cirulli hizo la declaración de quiebra, que quedó suspendida con la apelación.
