El vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, declaró este sábado que no le importa en absoluto si alguien considera un «crimen de guerra» el ataque anunciado previamente por Donald Trump contra una ‘narcolancha’, supuestamente proveniente de Venezuela, en el que habrían muerto varias personas.
«Me importa un carajo cómo lo llames«, afirmó en un tuit en respuesta a Brian Krassenstein, un ‘influencer’ y ‘podcaster’ anti-Trump, quien escribió que «matar a ciudadanos de otra nación que son civiles sin el debido proceso se llama ‘crimen de guerra'».
Asimismo, Vance defendió el uso del Ejército para «matar a miembros de cárteles» que suministran drogas a los residentes del país norteamericano. «Matar a los miembros de los cárteles que envenenan a nuestros conciudadanos es el mayor y mejor uso que podemos dar a nuestras Fuerzas Armadas«, indicó en otra publicación.
Ataque contra una ‘narcolancha’
Los comentarios del vicepresidente se producen días después de que la administración Trump ordenara un ataque aéreo contra una pequeña embarcación, que supuestamente procedía de Venezuela y transportaba drogas, en aguas internacionales del mar Caribe. De acuerdo con el mandatario, en el operativo, dirigido contra el grupo delictivo Tren de Aragua, habían muerto 11 personas.
Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, declaró que las acusaciones de narcotráfico contra su país son una mentira «tan burda y tan falaz como que Irak tenía armas de destrucción masiva». En ese contexto, indicó que «Venezuela no es un país relevante en materia de narcotráfico» y subrayó, al citar los datos de la ONU, que la cocaína se produce toda en Colombia, que «tiene más de 400.000 hectáreas de hojas de coca».
Además, las autoridades venezolanas cuestionaron la autenticidad del video difundido por Washington, que muestra la destrucción de la embarcación, así como denunciaron fallos en la narrativa de la Casa Blanca acerca del suceso.
Dudas sobre la legalidad
Mientras, la CNN informó que la administración Trump se encuentra bajo presión por parte de legisladores que cuestionan la legalidad del ataque. La Casa Blanca intenta sostener que las 11 personas en la embarcación eran objetivos militares, porque supuestamente eran miembros del Tren de Aragua, considerado terrorista por EE.UU. Sin embargo, expertos lo ponen en duda. Los miembros de cárteles y narcotraficantes tradicionalmente han sido considerados criminales con derecho al debido proceso legal, y no combatientes enemigos, indica la publicación.
En la misma línea se pronunciaron expertos a The Intercept. En particular, la representante demócrata Ilhan Omar apuntó que el Congreso de EE.UU. «no ha declarado la guerra a Venezuela ni al Tren de Aragua, y la mera designación de un grupo como organización terrorista no otorga a ningún presidente carta blanca para ignorar la clara autoridad constitucional del Congreso en materia de guerra y paz». Así, sostuvo, «no existe justificación legal concebible para este uso de la fuerza. A menos que surjan pruebas contundentes de que actuaron en defensa propia, el ataque constituye una clara violación del derecho internacional«.
Con este punto de vista coincidió Brian Finucane, exfuncionario del Departamento de Estado y exasesor gubernamental en materia de terrorismo y contraterrorismo, quien valoró además que las designaciones de los cárteles como organizaciones terroristas, «se perciben, de forma generalizada y errónea, como una autorización para tales acciones dentro del Poder Ejecutivo», aunque ello carezca de base legal.
- Las tensiones entre Washington y Caracas se agravaron luego de que medios internacionales anunciaran en agosto un despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe para supuestamente enfrentar a los cárteles de la droga. Del mismo modo, la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano bajo la acusación infundada de liderar un «cártel de narcotráfico»
- Esto ha sido denunciado por Caracas como maniobras orientadas a forzar un cambio político y apoderarse de sus recursos naturales. Para hacer frente al despliegue estadounidense, Maduro llamó al alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana para la defensa de la soberanía. Hasta el momento, se han inscrito 8,2 millones de personas
