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Ante su negativa de interrumpir el embarazo, las autoridades de la cárcel le escondieron los medicamentos de aborto en su comida.
Una mujer fue violada por guardias y presionada a abortar mientras cumplía condena en la cárcel colombiana El Pedregal, en Medellín. Aunque los hechos ocurrieron el año pasado, su historia se ha hecho pública gracias a un reciente reporte de la revista Semana.
Andrea Valdés, de 30 años, fue agredida sexualmente por dos guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Impec) en menos de una semana. En junio, fue trasladada a una unidad de tratamiento especial, luego de que dos internas le cortaran el rostro con arma blanca. Sin embargo, en lugar de estar más segura, fue allí donde sufrió los ataques.
El primer asalto, según contó la reclusa a un psicólogo de la cárcel, sucedió el 29 de agosto de 2024. Valdés relató que un hombre ingresó a su celda a la medianoche, le quitó el pantalón del pijama agresivamente y luego la violó. A pesar de que el agresor la había amenazado para que se quedara callada, ella intentó denunciarlo, pero nunca fue escuchada. El 5 de septiembre, una situación parecida se registró en su habitación, cuando otro hombre entró «más grosero» y la violentó sexualmente.
Días después, Andrea se enteró de que está embarazada. Teniendo en cuenta que no tenía registro de visitas masculinas, el embarazo encendió las alarmas en la directiva de la cárcel. Sin embargo, solo se le propuso que abortara y, ante su negativa, le suministraron los medicamentos en la comida sin su consentimiento.
«Ahí sí te vamos a cerrar el pico»
Este hecho le costó una ida al hospital, donde le informaron que en su sangre había residuos de misoprostol, un fármaco que se usa para interrumpir procesos de gestación. En noviembre, logró hacer una denuncia con una funcionaria de la Fiscalía, por lo que fue trasladada a otra prisión, no sin antes recibir una amenaza de sus agresores. «Ya sabemos para dónde vas, vas para Picaleña, ahí sí te vamos a cerrar el pico», le dijeron.
Afortunadamente, duró poco en ese recinto y, a comienzos de este año, fue trasladada a una cárcel en Bogotá, donde espera que se le otorgue arresto domiciliario. Según el medio, su abogado habría pedido ayuda a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, pero habría sido rechazado.
Andrea cumple desde el 2014 una condena de 28 años por el delito de homicidio agravado. Aún espera que su denuncia logre cambiar de alguna manera sus condiciones de reclusión y la proteja de los oficiales del Impec a los que ha acusado.
