La defensa argentina busca evitar la entrega de las acciones de la petrolera nacional. Diciembre y marzo serán dos meses claves para el desenvolvimiento del juicio en Estado Unidos.
En el marco de la causa que se tramita en Estados Unidos en referencia a la estatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York fijó fecha para la audiencia en donde la defensa argentina presentará su apelación de manera oral por el fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska que obliga a transferir el 51% de las acciones de la petrolera.
En detalle, el fallo de la jueza data del 16 de septiembre de 2023. El documento resolvió que Argentina debía pagarle a los demandantes por la expropiación de YPF en 2012 u$s16.100 millones. Además, este año dictaminó que parte del pago debía hacerse con las acciones de la petrolera.
YPF: cómo continúa el litigio en Estados Unidos
La primer fecha límite será el próximo 12 de diciembre. Ese viernes será el límite para que la defensa Argentina presente sus argumentos en la apelación sobre la entrega de las acciones de YPF.
La siguiente fecha clave será la semana del 3 de marzo de 2026. Según consignó Sebastián Maril, de Latam Advisors, allí se llevará adelante la audiencia en la que se escucharán los argumentos orales en la apelación argentina.
En esas mismas fechas también se escucharán los argumentos orales en la apelación realizada por una ONG.
Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF volvieron a la carga en Estados Unidos. Días atrás presentaron sus argumentos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en un intento por destrabar lo que consideran la vía más directa para cobrar: la entrega de las acciones de la petrolera.
En la Cámara de Apelaciones, los demandantes centraron su estrategia en defender la validez y el alcance de la orden emitida por el tribunal de distrito, que habilitó la posibilidad de tomar control de los títulos de YPF. La premisa es simple y apunta a la presión financiera: utilizar esas acciones como mecanismo de pago frente a la sentencia adversa por US$16.000 millones derivada de la estatización de 2012.
