Con un Gobierno autodenominado libertario que avanza en desregulaciones y se manifiesta enemigo del Estado, el análisis del impacto de la asistencia estatal en las distintas ramas de la actividad económica se vuelve clave. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó la incidencia de ese aporte sobre el valor agregado de 40 sectores durante 2023. Del total, 37 tienen una asistencia positiva. Alimentos, agro e hidrocarburos son las únicas tres con impacto negativo a causa de las retenciones. ¿Cuáles son las más favorecidas? ¿Cómo inciden la protección comercial y los beneficios fiscales?
Más allá de la prédica, Javier Milei mantuvo los controles de capitales y no puso en discusión cuestiones clave como el gasto tributario (exenciones impositivas que benefician a determinados sectores y otras ventajas). Aunque sí avanzó en desregulaciones y aperturas de determinados sectores. Más allá de eso, la radiografía de la asistencia estatal en las distintas ramas de actividad resulta clave para mensurar el eventual impacto de futuras políticas.
La OPC, por encargo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, comenzó a medir el año pasado la Tasa de Asistencia Efectiva (TAE), un indicador que cuantifica el nivel de asistencia que cada sector recibe por parte del Estado a partir de la intervención comercial y fiscal. Calcula el aporte que representa la acción estatal sobre el valor agregado de la actividad. Si la TAE es mayor a 0%, implica que incrementa su valor agregado; si es menor, lo disminuye.
Las actividades más beneficiadas
De las 37 actividades con TAE positiva, por lejos la más beneficiada por la intervención estatal durante 2023 fue la fabricación de aparatos de radio, TV y comunicaciones. En el relevamiento previo, con datos de 2022 había ocurrido lo mismo. En este caso, se juntan dos factores: por un lado, cuenta con una tasa de protección comercial elevada y, por otro, es la actividad con la mayor tasa de asistencia fiscal a raíz de los beneficios tributarios que otorga el Régimen de Promoción Económica de Tierra del Fuego, donde están afincadas buena parte de las fábricas. Así, el aporte estatal alcanza el 191,5% de su valor agregado, es decir, casi lo triplica.
Un escalón más abajo, con una TAE del 95,6%, se ubica la producción de vehículos automotores. El lote de sectores con un aporte superior al 50% lo completan Tabaco (68%), Cuero y Calzado (60%) y Confecciones (50,8%). “En estos cuatro casos, la asistencia es fundamentalmente de tipo comercial”, señala el informe de la OPC en referencia a la protección respecto del ingreso de productos importados y a los acuerdos comerciales con otros países.
La lista sigue con Textiles (42,7%), Maquinaria de oficina (39,5%), Otras industrias (37,9%), Caucho y plástico (36,7%), Elaborados de metal (30,1%), Papel (27,7%), Maquinaria y aparatos eléctricos (26,5%), Minerales no metálicos (25,7%), Metales comunes (25,2%), Maquinaria y equipo general (22%), Combustibles (19,9%), Pesca (19,4%), Instrumentos médicos, ópticos y de precisión (18,9%), Madera y subproductos (16%), Intermediación financiera (15,5%, en un atípico caso en el que la totalidad corresponde a asistencia fiscal), Química (12%) y Otro equipo de transporte (8,8%).
Con bajo aporte concentrado en beneficios fiscales, aparecen Salud (2,9%), Hoteles y restaurantes (2,2%), Energía eléctrica (2,2%), Transporte y almacenamiento (2,1%), Extracción de minerales metalíferos y otros (2%) y Agua (1,9%).
En un nivel apenas por encima de lo neutral figuran Silvicultura (1,3%), Enseñanza (1%), Comunicaciones (0,9%), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (0,8%), Comercio (0,8%), Edición e impresión (0,8%), Otros servicios (0,5%), Construcción (0,4%) y Gas (0,3%).
La OPC aclaró que no pudo ser incluida en el informe la Economía del conocimiento, una denominación que en general refiere a las actividades beneficiarias del régimen de promoción homónimo, pero que abarca a una amplia gama de actividades.
El impacto de las retenciones
Mientras tanto, hubo solo tres actividades con TAE negativa vinculado directamente con la percepción de retenciones, un gravamen distorsivo pero mayormente aplicado a sectores de alta competitividad. Se trata de Extracción de carbón, gas y petróleo, que tuvo un impacto negativo de la intervención estatal equivalente al 3,3% del valor agregado sectorial.
El mayor impacto de los derechos de exportación se dio en Agricultura, ganadería y caza, con una asistencia negativa del 13,8%, y en Alimentos y bebidas, donde la TAE alcanzó el 51,7%.
De cara al futuro de mediano plazo, parece difícil que esta incidencia se modifique. El Gobierno incluyó una debatida proyección de incremento en la recaudación por derechos de exportación superior al 100% en el Presupuesto 2025 enviado al Congreso. Más allá de su asidero o no, esto fue leído como una señal de que no se prevé una baja al menos el año próximo.
La OPC destacó que, pese a haber aplicado cambios metodológicos de un año a otros, hubo una gran correspondencia con lo relevado para el año 2022. Los principales ascensos en el ranking se dieron en Minerales no metálicos (21 posiciones), Maquinaria de oficina y Metales comunes (ambas 10 posiciones), en los tres casos debido a las modificaciones en la metodología.
El sector textil tuvo una baja de 4 posiciones de un año a otro a causa de las modificaciones en la importación de insumos y bienes. En términos del aporte al valor agregado fue una caída más importante: de 71,3 pontos porcentuales.
