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Esta misma semana, miembros de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) asaltaron dos sedes bancarias.
Dos policías asesinados dejó el ataque a una comisaría presuntamente por parte de miembros de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el municipio Nátaga, en el occidente del departamento del Huila, días después de que ese mismo grupo armado asaltara dos sedes bancarias en la vecina entidad del Cauca.
Los dos uniformados fallecidos son el intendente Leonardo Trujillo Tovar y el patrullero Carlos Andrés Hernández Ospina, informó en sus redes el director de la Policía de Colombia, William Salamanca, quien añadió que se desplegaron las capacidades de esa institución «para dar con los responsables de la acción criminal y llevarlos ante la Justicia».
¡Luto Institucional! Protegiendo a los habitantes de Nátaga (Huila) fueron asesinados el señor intendente Leonardo Trujillo Tovar y el señor patrullero Carlos Andrés Hernández Ospina. Desplegamos las capacidades de la Policía Nacional para dar con los responsables de la acción… pic.twitter.com/ioyoiVg9lY
— General William René Salamanca Ramírez (@DirectorPolicia) October 11, 2024
Los hombres armados entraron al casco urbano de Nátaga, según Noticias Caracol, y abrieron fuego contra la estación policial. Los habitantes del sector tuvieron que resguardarse en sus viviendas mientras se escuchaban ráfagas de detonaciones. Este grupo provenía del sector San Luis, ubicado en un área rural del municipio Páez, en el Cauca.
Luego de la agresión, un grupo especial de la Policía junto al Ejército arribó a la comandancia para reforzar las labores de seguridad en la zona.
Acompañamos a nuestros valientes Policías de la Estación en el municipio de #Nátaga, luego del ataque perpetrado el día de ayer. Honramos a nuestros compañeros que ofrendaron su vida en defensa de esa comunidad. pic.twitter.com/9Mp8vu4R37
— Departamento de Policía Huila (@HuilaPolicia) October 11, 2024
¿Quiénes estarían detrás?
Aunque las autoridades aún no han determinado quiénes estarían detrás de estas acciones violentas, es conocido que en el departamento del Huila opera el llamado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC que, tras una escisión interna, son comandadas por alias ‘Iván Mordisco’ y por ‘Calarcá’, actualmente enfrentados.
Esta misma semana, integrantes del frente Dagoberto Ramos ingresaron a los municipios Corinto y Caloto, ambos en el Cauca para robar entidades bancarias. Ese departamento ha estado sumido desde hace meses en una oleada de violencia, a la que se agregó una masacre en una discoteca del municipio Toribío, de mayoría indígena, donde fueron asesinadas tres personas y seis resultaron heridas, según una denuncia del Consejo Regional Indígena de esa entidad.
El frente Dagoberto Ramos, que forma parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas, perteneciente al denominado Estado Mayor de Central (EMC), opera en el suroccidente colombiano, en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Huila, Tolima y Nariño.
Diálogo roto
En marzo pasado, el presidente Gustavo Petro anunció la suspensión del cese al fuego con la fracción de las disidencias de las FARC comandadas por ‘Iván Mordisco’ luego de que una líder indígena muriera tras un ataque de ese frente a una comunidad originaria en Toribío.
Desde ese entonces, el proceso de diálogo que se venía adelantando con ese sector del EMC se terminó y las Fuerzas Militares colombianas intensificaron sus operativos en los departamentos donde ese grupo armado tiene mayor incidencia. Esto ha generado fuertes enfrentamientos como parte de la «ofensiva total» declarada por el Gobierno y como respuesta, atentados en contra de las instalaciones policiales, por parte de los miembros de las disidencias, lo que también ha generado la muerte de civiles y desplazamiento forzado de la población.
Si bien los diálogos continúan con la fracción de alias ‘Calarcá’, la víspera, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, afirmó que esta rama del EMC se vale de la «extorsión indiscriminada» como parte de su «actividad criminal» en contra de los civiles, recoge Semana. Al respecto, el Ejecutivo aseveró que reforzaría la presencia de funcionarios en el Huila para combatir ese delito.
