La implementación de este impuesto mínimo busca no solo incrementar los ingresos fiscales de Brasil, sino también alinear al país con estándares internacionales en la lucha contra la evasión fiscal.
Es importante mencionar que, aunque los decretos en Brasil tienen validez inmediata, deben ser ratificados por el Congreso en un plazo de cuatro meses para mantenerse en vigor.
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El gobierno de Brasil emitió en las últimas horas un decreto que establece un impuesto mínimo del 15% sobre los beneficios de las multinacionales, según lo informado en el boletín oficial del país.
Esta medida es parte de los esfuerzos de Brasil por encontrar nuevas fuentes de ingresos para alcanzar sus objetivos fiscales, que incluyen la reducción del déficit fiscal a cero, sin necesidad de realizar recortes drásticos en el gasto público. Las autoridades argumentan que esta nueva normativa se alinea con los esfuerzos globales para combatir la evasión fiscal.
El decreto introduce un gravamen adicional sobre la contribución social brasileña sobre la renta de las empresas (CSLL), con el fin de asegurar que la tributación mínima se sitúe en el 15%.
Brasil aumenta los impuestos a las empresas
Funcionarios del gobierno ya habían indicado que esta medida se estaba evaluando como una forma de sincronizar al país con las discusiones fiscales que lidera en su papel como presidente del G20, al mismo tiempo que se busca cumplir con el objetivo fiscal establecido para 2025.
Esta acción se enmarca en la adaptación de Brasil a las Reglas Globales contra la Erosión de Base (Reglas GloBE), desarrolladas por el Marco Inclusivo sobre la Erosión de Base y el Traslado de Beneficios de la OCDE/G20.
Aunque el Ministerio de Hacienda no ha proporcionado detalles sobre las expectativas de recaudación adicional que se generarían con esta medida, se ha anunciado que funcionarios del gobierno ofrecerán una conferencia de prensa para abordar el tema en el corto plazo.
Es importante mencionar que, aunque los decretos en Brasil tienen validez inmediata, deben ser ratificados por el Congreso en un plazo de cuatro meses para mantenerse en vigor.
