Una reciente encuesta reveló que «la delincuencia» es la principal preocupación del 47% de los chilenos consultados y el 83% consideró que ese factor afecta «bastante» su calidad de vida. Mientras la preocupación por la seguridad de la ciudadanía crece, el oficialismo y la oposición no han llegado a un acuerdo transversal en la materia.
Por Alexis Polo González.
Mientras la sensación de inseguridad crece en la ciudadanía, el oficialismo y la oposición no han podido alcanzar un acuerdo transversal en la materia. Es más, los partidos políticos de la coalición Chile Vamos (derecha) abandonaron la denominada Mesa Transversal por la Seguridad, tras los indultos otorgados por Gabriel Boric a finales de 2022 a condenados en el marco del estallido social de 2019.
Para el analista político Guillermo Holzmann, académico de las universidades de Valparaíso, Autónoma y Talca, es fundamental que haya un acuerdo en materia de seguridad lo más pronto posible.
Según los datos de la Policía de Investigaciones (PDI), fueron 908 las víctimas de homicidio en Chile en 2022, un aumento del 32,2% en comparación con el año anterior, cuando se registraron 661 homicidios.
Los números, en vez de disminuir, siguen avanzando. La madrugada del 26 de enero un violento crimen se registró en una vivienda colectiva de Barrio Yungay, en Santiago: un cuerpo fue encontrado con, al menos, siete impactos de bala.
La Policía encontró al interior de una de las viviendas del complejo una pistola y munición. Trascendió que el sujeto habría sido atacado en uno de los inmuebles y luego arrojado a la vía pública. La identidad del fallecido aún es desconocida, pero se trataría de un ciudadano extranjero de 20 años.
«Son hechos que ocurren con harta frecuencia, lamentablemente, en la comuna de Santiago, y en particular en el barrio en el que nos encontramos», dijo el fiscal Javier Mayer, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
Pero este no es el único homicidio que ha impactado a la opinión pública, el pasado 14 de enero, un turista estadounidense fue asaltado y asesinado en el centro de Santiago. Cuatro días más tarde, en los faldeos del cerro Santa Lucía, un ciudadano venezolano de 22 años fue asesinado por un asaltante.
La última entrega de la encuesta Feedback acerca de percepciones y expectativas sobre la situación del país reveló que el 47% de los consultados menciona que su principal preocupación es «la situación de la delincuencia».
Asimismo, un 83% de los encuestados considera que la delincuencia afecta «bastante» su calidad de vida. El estudio reveló que la principal causa de la delincuencia para los sondeados son «la migración irregular», «las sanciones débiles que los jueces aplican» y el hecho de que «la ley no contempla penas más duras para los delincuentes».
La urgencia de un acuerdo
Guillermo Holzmann señaló que un acuerdo político significa «una negociación, pero a su vez también supone una dinámica, un alineamiento institucional, no solamente con la Policía, sino con los demás organismos del Estado».
El analista explicó que la inseguridad no solamente se combate con la represión, sino también con la educación, salud y garantizando la eficacia de las instituciones, tanto a nivel comunal como nacional.
«Se requiere de un elemento institucional que hoy día es un déficit. No todas las instituciones están alineadas. Y luego viene la relevancia del proceso de toma de decisiones y la manera en que se toman esas decisiones», agregó.
Para el analista es imperante que el Estado tenga las modificaciones necesarias para aportar a una agenda de seguridad que vaya más allá de las Policías o las fiscalías.
Los indultos y las ‘fake news’ sobre pandillas delictivas
Una vez otorgados los indultos por Gabriel Boric el 30 de diciembre, los diputados de Chile Vamos abandonaron la Mesa Transversal por la Seguridad, la cual tenía como objetivo la coordinación de una agenda legislativa para llevar adelante una serie de medidas para modificar el actual sistema de seguridad.
«El indulto tiene un efecto negativo, va a ser muy difícil que el presidente se recupere de eso. Ahora, lo más grave del punto de vista del ambiente de seguridad con la perspectiva de la ciudadanía, es que hubo personas indultadas con prontuario y reincidentes», analizó Holzmman.
A pesar de los intentos de senadores de Chile Vamos y del Ejecutivo, las negociaciones en materia de seguridad no se han retomado. La diputada Sofía Cid, de Renovación Nacional (derecha), hizo un llamado de «urgencia» al Ejecutivo para actuar frente a la posible llegada de «maras salvadoreñas» a Chile, información que fue desmentida por la PDI y por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
«Quiero terminar aclarando una situación, porque ha sido muy mediatizada esta supuesta presencia de los maras en Chile. Y la quiero desmentir totalmente, porque aseveraciones de esa naturaleza tienen que tener una base de seriedad, porque generan incertidumbre y temor», señaló Monsalve.
Para Holzmman, el tema de seguridad se transforma en un comodín político que tiene beneficios electorales y eso «motiva a algunos grupos parlamentarios a plantear cosas que son medias verdades», en referencia a la supuesta presencia de las maras salvadoreñas en Chile.
«En consecuencia, cuando eres oposición, digamos, lo normal es que use la seguridad como una lanza contra el Gobierno y en donde en el fondo están buscando no solamente la solución al problema de la ciudadanía, sino que a su vez también tener un rédito electoral futuro», agregó.
Las Fuerzas Armadas y el orden público
El 26 de enero, el Congreso aprobó una reforma constitucional que le entrega una facultad especial al Ejecutivo para desplegar a las Fuerzas Armadas en caso de que exista un peligro grave o inminente a instalaciones consideradas de la infraestructura crítica nacional.
La reforma contempla también que el Gobierno puede hacer uso de esta medida para resguardar las áreas fronterizas del país. Para ello, el presidente debe designar a un oficial general que tendrá el mando de las Fuerzas Armadas en las áreas especificadas.
Para Holzmann, que se utilicen las Fuerzas Armadas para recuperar el orden público indica que «el resto del Estado está debilitado«. El analista aseguró que «no es deseable que el Ejército se involucre en el orden público».
«Lo más importante es entender que hay un Estado debilitado que requiere la mayor capacidad de fuerza y coordinación para poder asegurar el control interno. Se debe avanzar en la lógica de la política nacional contra el crimen organizado y la seguridad«, finalizó.
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