Crisis universitaria: a días de la marcha, la UBA denunció que más del 60% de sus trabajadores son pobres


La pelea de las universidades con el Poder Ejecutivo por la ley de financiamiento del sector volverá a las calles el próximo miércoles, en una reedición del conflicto de abril pasado, cuando los trabajadores y los estudiantes reclamaron a la administración libertaria por un incremento de los fondos, ante la crítica situación de las instituciones.

Ahora, casi seis meses después, se concentrarán nuevamente para pedirle al presidente Javier Milei que desista de vetar la legislación, sancionada por el Congreso, que prevé incrementar los desembolsos para las universidades nacionales, tanto para gastos de funcionamiento como para salarios.

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La advertencia de la UBA: seis de cada 10 trabajadores son pobres

La situación actual es crítica. “Hoy tenés más del 60% de los trabajadores de la universidad en todas las categorías bajo la línea de pobreza”, expresó Yacobitti y ejemplificó: “Un profesor adjunto que tiene dedicación exclusiva, ocho horas por día todos los días de la semana, está cobrando $840.000 pesos en mano”.

La pérdida del poder adquisitivo de los sueldos docentes y no docentes es un golpe directo a la calidad educativa de la universidad. Al no llegar a fin de mes, los trabajadores se ven obligados a bajar su dedicación para buscar otros empleos. “Algunos consiguen ofertas de las universidades privadas, o de otros países, y eso va a generar una afectación gigantesca”, advirtió.

En ese sentido, Yacobitti puso como ejemplo la renuncia masiva de profesores en la Facultad de Ciencias Veterinarias: en el último tiempo, 48 docentes dejaron sus cargos en busca de mejores condiciones salariales. “Eso es el 10% de la planta docente”, dijo.

El vicerrector de la UBA señaló que, por las condiciones actuales, la universidad “no tiene cómo retener al docente” porque en las instituciones privadas “le ofrecen el doble o el triple de lo que cobra en la pública”. “En algunos casos les piden como requisito que dejen de dar clases en la UBA porque la consideran competencia”, contó en diálogo con Radio con Vos.

Ajuste en las universidades: trabajadores docentes y no docentes perdieron 50% de los ingresos

Luego, profundizó sobre la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos durante el año en curso: “En los últimos nueve meses se dio un ajuste sobre los salarios de los profesores universitarios y del resto de los trabajadores, que de por sí no eran salarios que venían muy bien, pero que nunca en la historia de la democracia hasta ahora tuvieron la pérdida del poder adquisitivo que están teniendo”.

Yacobitti señaló que en el Ejecutivo reconocen el impacto del ajuste en los ingresos de los trabajadores. “Hoy reconocen dos cosas que hasta ahora no reconocían: primero que la pérdida es casi del 50% con respecto a la inflación, y segundo que la pérdida salarial que tuvieron los universitarios es como mínimo un 20% más alta que el resto de los trabajadores del Estado, esto hasta hace poco se negaba”, dijo.

Pese a admitir la gravedad de la situación, el Gobierno no se correrá de su posición y avanzará con el veto de la ley, el cual será publicado horas después de la movilización. Por ley, el Presidente tiene tiempo hasta el 3 de octubre.

Cuánto le costaría al Estado la ley de financiamiento universitario

El argumento oficial es de índole fiscal: sostener el equilibrio de las cuentas públicas. Sin embargo, un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso asegura que con el 0,14% del PBI alcanza para pagar la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades y sus hospitales, los fondos de ciencia y técnica, y la recomposición salarial.

Yacobitti reveló que en las últimas reuniones que mantuvo con funcionarios del Ministerio de Economía reconocen que el gasto estatal que insumiría cumplir con la ley sería irrelevante para el déficit. “Todos te dicen que el costo de las universidades es insignificante para el déficit”, dijo.

El vicerrector afirmó que “comparativamente el beneficio que genera la universidad pública, es una inversión, no un gasto”, a diferencia de lo que opina el Gobierno. A pesar de ello cuestionó la postura de Javier Milei: “El presidente no quiere dar el brazo a torcer en cuanto a que el Congreso tenga un rol con respecto a las leyes que él veta, y ésta debe caer en la misma bolsa”.

De cara a un eventual tratamiento del veto en el Congreso, como ocurrió con la ley sobre jubilaciones, Yacobitti se refirió al rol de los diputados. “Lo que nosotros estamos planteando entre los rectores, estudiantes y trabajadores es que la mayoría de los diputados fueron electos diciendo que iban a defender a la universidad pública, que creían en un Estado que funcionara de manera eficiente. Tenemos un nivel de aceptación y credibilidad tan grande en la sociedad porque es una parte del Estado que funciona, entonces tenemos que cuidarla mucho más que al resto de las cosas”, insistió.





Fuente: Ambito

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