Desde el inicio de los disturbios en Brasil al menos 650 personas han sido imputadas ante la Justicia por su presunta implicación en actos golpistas. Mientras tanto, el exmandatario Jair Bolsonaro admitió que no se siente positivo con el futuro económico de su país y agregó que aprovechó el momento para «recargar las pilas».
Desde la Fiscalía afirmaron que otras 152 personas sospechosas de estar implicadas en los actos golpistas fueron detenidas en un campamento frente al cuartel general del Ejército en Brasilia. Están acusados de asociación criminal (de uno a tres años de prisión) y de incitación al odio entre las Fuerzas Armadas y las autoridades constitucionales (de tres a seis meses de privación de libertad).
Los detenidos permanecen en centros penitenciarios del Distrito Federal tras la celebración de una vista de prisión preventiva y la imposición de una medida cautelar. La Fiscalía pide que los delitos se juzguen por separado y que se acumulen las posibles penas.
Bolsonaro expresa preocupación por el futuro económico brasileño
El exmandatario del país Jair Bolsonaro no se siente «optimista» con el futuro económico de Brasil por las medidas tomadas por el Gobierno actual, admitió en el evento Power of the People, celebrado em Miami el pasado 3 de febrero. También habló de sus cuatro años en el poder y especialmente de sus políticas económicas y sociales, y reveló que todavía se pregunta cómo Lula, que fue abucheado por el público, ganó las elecciones.
«No vamos a renunciar a Brasil«, subrayó Bolsonaro al señalar que aprovechaba el momento «para recargar las pilas«.
El pasado 8 de enero, cientos de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) invadieron las sedes del Congreso Nacional, la Presidencia y el Tribunal Supremo, reclamando una intervención militar para derrocar al Gobierno de Luiz Inacio Lula Da Silva, que asumió el 1 de enero. Los manifestantes violentaron las barricadas, atacaron a efectivos de seguridad, rompieron puertas y ventanas, también ocuparon parte del edificio y los techos del Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo.
Tras ello, miles de personas fueron detenidas en relación con estos hechos. Algunas fueron puestas en libertad, pero casi 1.500 continúan presas y podrían ser acusadas de terrorismo e intento de golpe de Estado.
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