La segunda movilización concentró a decenas de miles de personas en Plaza Congreso, epicentro de la protesta, y en distintos puntos del país como Rosario (Santa Fe) y Córdoba capital, en defensa de la educación universitaria pública -uno de los pilares de la sociedad argentina- ante el ajuste que lleva adelante la administración libertaria en lo que va del año.
Un análisis pormenorizado de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) en base a los asientos contables del Poder Ejecutivo sobre la transferencia de fondos hacia las 61 universidades públicas nacionales, reveló que el gobierno nacional devengó un gasto total de $2.136.906 millones entre septiembre del 2023 y el mes pasado. Se trata de un incremento del 143,5%, es decir, un 32,1% por debajo del aumento de la inflación para el mismo período.
Del informe se desprende que las transferencias totales, además de verse afectadas por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), no reflejan el dinero enviado en concreto a las casas de estudio. Esto es porque hasta el 30 de septiembre las universidades recibieron $1.858.017 millones, es decir, un 86,9% de lo devengado.
Los números divulgados por ASAP exponen que ninguna de las 61 universidades nacionales que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano recibieron la cantidad de fondos necesarios para hacer frente al incremento de la inflación, ni mucho menos, dado que tampoco ingresó a las instituciones el dinero contante y sonante del total devengado.
Por caso, el Ejecutivo informó haber transferido $399.925 millones hasta el momento a la Universidad de Buenos Aires (UBA), un 154,7% más que los $157.003 devengados acumulados durante el año pasado. De manera que se observa un ajuste presupuestario del 29,0% entre lo reportado y el IPC. Y, por si fuera poco, aún no se envió el total sino que la UBA recibió $349.970 millones, un 87,5% de lo devengado.
Del informe de ASAP se desprende también que la Universidad de San Antonio de Areco (-68,5%), la Universidad de Moreno (-46,3%), la Universidad de Hurlingham (-47,1%) y la Universidad de Lomas de Zamora (-41,6%) están entre las más afectadas por el ajuste, junto con la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo (-56,2%).
Las transferencias para gastos de capital, donde se computan los fondos para las reformas edilicias, compras de computadoras o libros, entre otros aspectos, se derrumbaron prácticamente en su totalidad: el acumulado anual hasta septiembre del 2023 se ubicaba en $23.168 millones, mientras que durante el año en curso apenas fue de $4 millones. La caída, según ASAP, ronda el 100%.
Javier Milei avanzará con el veto a la ley y profundizará el recorte durante 2025
Además de la caída en las trasferencias durante el año corriente, el Presupuesto 2025 presentado por el presidente Milei ante el Congreso proyecta un derrumbe de la inversión en el sector. El oficialismo asignó a las casas de estudios $3,8 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $7,2 millones para poder funcionar.
Según el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), se trataría de un derrumbe del 34,4% respecto a 2023 y del casi 4 puntos en comparación a 2024. En tanto que la consultora Equilibra asegura que los fondos previstos alcanzarían el menor nivel en 20 años.
Pese a ello, el Presidente prevé vetar la ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Parlamento. Este jueves vence el plazo para que Milei firme el decreto. “El Gobierno no está en contra del reclamo, estamos en contra de que el Congreso sancione leyes sin partida presupuestaria, leyes que no puedan financiarse”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni.
La ley, aprobada en el Senado con 57 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención, obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades. Además, ordena actualizar cada dos meses los presupuestos de las Universidades acuerdo a la inflación.
Según datos de la Oficina de Presupuesto, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de $210.742 millones, mientras que el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de $86.254 millones. Los desembolsos para actualizar salarios oscilarían en los $441.600 millones.
Universidades advirtieron que la situación actual «es más crítica que a comienzos de año»
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que aglutina a las 61 universidades públicas del país, convocante de la marcha de este miércoles, emitió un comunicado tras la movilización en donde señalaron que, pese a haber pasado cinco meses desde la primera marcha, y luego de sucesivas reuniones con el Gobierno, la situación actual «es más crítica que a comienzos de año».
El ente universitario afirmó que en aquel momento, el objetivo de la movilización era «evitar la grave situación que vivimos hoy». Sin embargo, pese a la buena voluntad de los rectores y de los gremios, «la reconducción del presupuesto 2023 para el 2024 hizo que las partidas de gastos de funcionamiento quedaran completamente desactualizadas» y las paritarias «profundizaron la pérdida del poder adquisitivo del salario».
«Como si esto no fuera suficiente, soportamos una campaña injusta, planificada e intencional, que busca, sistemáticamente, desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario para fundamentar la desjerarquización y el ahogo presupuestario», criticó el CIN. Cabe recordar que en los últimos días, desde el Ministerio de Capital Humano acusaron a las universidades de «inventar alumnos» para ampliar los cargos docentes.
«La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. La pérdida de quienes trabajamos en las universidades públicas es de una gravedad inusitada; con un porcentaje enorme de docentes y no docentes percibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza, cuando no de la indigencia. Esto compromete uno de los núcleos de la universidad pública, pues pone en riesgo la continuidad de los cuadros académicos, de administración y de servicios esenciales para su funcionamiento», continuó el comunicado.
Asimismo, manifestaron que defender el salario de los trabajadores universitarios «en este angustiante contexto no es defender privilegios sino nuestros derechos», dado que se trata de reclamar por «condiciones mínimas para la vida digna de quienes tienen la responsabilidad de formar a futuras generaciones de profesionales, de garantizar el funcionamiento de la institución que lo hace posible».
Sobre el final, le hablaron al Presidente para que no vete la ley. «Tiene al alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas, cuidando al Estado y a su economía. Las y los estudiantes de toda la argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: ¡promulgue la Ley de Financiamiento universitario!», cerraron.
