El presidente Javier Milei y su ministro Federico Struzenegger alumbraron la existencia de un nuevo tipo de “casta”: las personas con discapacidad. El plan “deep motosierra”, tal como lo definió el titular de la cartera de Desregulación, los tendrá como una de sus principales víctimas el año próximo. El presupuesto 2025 prevé una retracción del 40 por ciento en términos reales en los fondos destinados a las pensiones por invalidez respecto de este año, de acuerdo a un estudio del Centro de Economía Política (CEPA) consultado por Página/12. Ese ajuste empezaría con el recorte crudo y duro de casi 200 mil pensiones, según consta en los propios objetivos del proyecto presupuestario enviado al Congreso por el Gobierno. Además, como si la saña no fuera suficiente, el propio Sturzenegger anunció recientemente el endurecimiento de los requisitos para acceder al beneficio, lo que deja abierta la puerta a una ampliación significativa del universo de afectados por la poda.
Según figura en el proyecto de Presupuesto 2025, el ítem “Pensiones no Contributivas por Invalidez Laborativa” registra una retracción en términos reales del 40 por ciento respecto del año en curso y del 52,6 por ciento si se lo compara con el 2023. Lo que el Gobierno dice que planea ahorrarse el año que viene en ese rubro asciende a alrededor 1,6 billones de pesos (poco más de 1.600 millones de dólares al tipo de cambio oficial vigente).
Y eso es sólo el principio. “El área de discapacidad, y particularmente las pensiones, no son la excepción en el marco de un brutal ajuste en casi todos los servicios sociales. Con el agravante de que si tomamos al pie de la letra la regla fiscal establecida por el propio Gobierno, si la recaudación no acompaña, lo cual es probable, los recortes serán aún mayores”, precisó el economista de CEPA Juan Pablo Costa.
«Deep motosierra»
De acuerdo a los objetivos planteados en el presupuesto, el número de pensiones bajaría de las 1.226.819 que el Estado otorga en la actualidad a unas 1.034.447 en 2025. Es decir, una primera poda dejaría fuera del beneficio a unas 192.372 personas.
El monto de la pensión es muy bajo (quedó en 164.178 pesos, un 70 por ciento de la jubilación mínima, más un bono de 70.000 pesos), y no llega a cubrir la canasta básica alimentaria. De todos modos, resulta vital para muchas personas con discapacidad, tengan o no trabajo, porque además les permite tener acceso al Programa Incluir Salud que brinda cobertura en rehabilitación y acceso a medicación, entre otros servicios a los que de otro modo no accederían.
Semejante ajuste tiene un sólo antecedente, y data de 2017, cuando el entonces presidente Mauricio Macri recortó 170 mil pensiones de un plumazo. Aquél desaguisado derivó en una demanda colectiva contra el Ejecutivo que, tras varios fallos favorables para las organizaciones del sector, al día de hoy sigue esperando una resolución de la Corte Suprema, que decidió cajonear la causa.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) también sufre la motosierra en términos generales. El total de sus partidas para el próximo año padecerán una contracción del 31,7 por ciento. Lo que se suma a la subejecución presupuestaria de los primeros nueve meses de este año, que ya roza el 13 por ciento, con especial énfasis en los programas de “integración”, cuyos fondos se ejecutaron apenas en un 57 por ciento.
A ese combo hay que sumarle el ajuste para los transportistas y el sector que ofrece las prestaciones de Incluír Salud y el intento del Gobierno de desregular el sistma de cobertura, lo que generó más de un conflicto con las organizaciones del colectivo en lo que va de este año. “Para el Gobierno, las personas con discapacidad somos un número, un costo –le dijo a Página/12 Ana Dones, referenta de Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI)–. Dejamos de ser humanos y nos convertirnos en algo que molesta, que les genera pérdidas”.
A contramano de la Constitución
La semana pasada, Sturzenegger publicó un extenso posteo en Twitter para explicar los detalles del DNU 843/2024, que vuelve a endurecer los requisitos para acceder a las pensiones. El cobro del beneficio dejó de ser compatible, por ejemplo, con tener un trabajo registrado o un auto. Esos requisitos habían sido flexibilizados a fines de 2023 por pedido de las organizaciones del colectivo.
Para el ministro, esas flexibilizaciones “convirtieron a esta prestación en una herramienta de clientelismo político”, pero las organizaciones sociales del colectivo tienen otra mirada. “Con este nuevo decreto, volvemos a una situación límite. Si una persona que cobraba una pensión conseguía un empleo registrado, el beneficio quedaba automáticamente suspendido. Esto empujaba a las personas con discapacidad a trabajar en la informalidad, en condiciones laborales precarias y mal pagas, para no perder su acceso a la pensión. Además, generaba mucho temor tomar empleos que en ocasiones no se sostenían en el tiempo y perder la pensión que luego demoraba en restituirse. ¿Cuál es la necesidad de volver a someter a muchas personas con discapacidad a esta situación humillante?”, contestaron desde REDI en un comunicado difundido la semana pasada.
Pero el DNU del que se vanagloria Sturzenegger tiene un aspecto aún más regresivo: restablece la vigencia de un decreto del año 1997 y con él, el modelo de discapacidad del menemismo, vetusto y anterior a la sanción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Estado argentino se adhirió al convenio en 2008, por lo que tiene rango Constitucional. La propia Convención dice que el concepto de “invalidez laboral” es viejo y recomienda a los Estados tener una visión más abarcativa, desde los derechos humanos, además de exigir que no se creen nuevas trabas en el acceso a las pensiones. Un dato que debió escapársele al titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, que tal como consignó Página/12, fue nombrado como titular de la agencia sin tener pergaminos ni experiencia ni estudios en materia de discapacidad, pero en su CV tenía un antecedente clave: fue el abogado personal de Milei.
En resumen, todos los avances por más escasos que fuesen que había logrado el país durante años en materia de reconocer los derechos del colectivo se fueron al tacho por un simple decreto.
“El Decreto vulnera la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque no respeta la definición de la Convención y vuelve a los años 90 estableciendo que solo se otorgarán pensiones por invalidez laboral del 66% y en condición de subsistencia. Es decir, implica un claro retroceso en materia de derechos. No respeta los derechos al nivel adecuado de vida, a la protección social, a la salud, a la habilitación y a la rehabilitación de las personas con discapacidad. Tampoco respeta el derecho al trabajo de las personas con discapacidad”, sostuvo por su parte el diputado nacional Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad de la cámara baja.
Las falacias de Sturzenegger
Para justificar la poda, el ministro de Desregulación apeló al clásico discurso anti privilegios de «la casta» y enumeró ciertas «irregularidades» en el actual sistema. Muchas de sus consideraciones fueron puestas en cuestión por las organizaciones de discapacidad:
- *«Con el regreso del kirchnerismo (las pensiones) volvieron a crecer, hasta alcanzar a 1.200.000, lo que representa el 2,6% de la población total (equivalente al 5,5% de la población económicamente activa)», dijo el ministro, dando a entender que el número estaba inflado. De acuerdo a los últimos datos oficiales del propio Gobierno, hay 4 millones de personas con discapacidad en todo el país, por lo que, siguiendo su razonamiento, menos de un cuarto del total reciben una pensión. Es más: de ese total, 1.800.000 tienen el certificado único de discapacidad que entrega la ANDIS). «Eso quiere decir que las pensiones son menos de las que tendría que haber», sostienen desde REDI.
- *»¡Hay pueblos donde el 80% de la población total son beneficiarios de una PNC!», siguió Sturzenegger. La referencia podría ser a alguna localidad del impenetrable chaqueño (Villa Río Bermejito o Castelli, por citar dos casos) donde efectivamente eso sucede. Con una salvedad: hay comunidades rurales y wihis cuyos habitantes tuvieron mal de chagas, una enfermedad inhabilitante para muchos trabajos. La pensión es una de las pocas políticas públicas que los asisten.
- *»El nuevo decreto vuelve a exigir lo obvio respecto de este gasto: que los beneficiarios no posean un vínculo laboral dado que la pensión fue creada para quienes no pueden trabajar», dijo. A la luz de la Convención de la OIT, la frase resulta engañosa. El concepto de discapacidad es mucho más amplio que la invalidez laboral y la posibilidad de perder la pensión hace que muchos renieguen de buscar trabajo, por temor a perderlo y quedarse sin nada.
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*»Casos recientes, como los revelados por Manuel Adorni, mostraron cómo se usaron radiografías de un perro para justificar una pensión». Falso. Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de Derechos de Personas con Discapacidad denunciaron a Adorni por intimidación y por llevar adelante «una campaña que estigmatiza a las personas con discapacidad y a los prestadores de servicios» porque, entre otras cosas, la famosa radiografía del perro fue rechazada y nunca se utilizó para otorgar ninguna pensión.
