“Para los que mañana estén reflexionando sobre la educación superior les dejo un dato. El aumento salarial en la administración pública general en el año y hasta octubre llegó al 68,2%, el de los docentes universitarios fue de 81,4%”, dijo Federico Sturzenegger a través de su cuenta X. “Es urgente priorizar la educación por encima de las confrontaciones políticas”, posteó el ministerio de Capital humano.
Estos mensajes reflejan el pensamiento imperante en el Gobierno en cuanto a que “la marcha universitaria es política”. Para reafirmar este concepto argumentan que “algunos gremios no aceptaron el aumento salarial que era la misma cifra que pedían” y respecto al financiamiento, insisten que “se aumentaron los gastos en un 270%”.
Los organizadores de la marcha plantean el reclamo de las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión de las universidades. Estas demandas incluyen una recomposición salarial para el personal docente y no docente, que acumula pérdidas del 50% desde diciembre pasado, según estimaciones de los sindicatos.
El Gobierno, por su parte y a través de diversos escritos, plantea que las universidades manejan mal los recursos y que además son poco transparentes al rendir los gastos.
Como sucedió con la marcha universitaria de abril, en los pasillos de la Casa Rosada estiman que la manifestación de este miércoles será importante. Creen que la verdadera causa es ir en contra del Gobierno amparándose en la “supuesta defensa de un elefante blanco como lo es la Universidad Pública”.
Una alta fuente cercana al presidente Javier Milei insistía que la manifestación es en contra del Gobierno: “que estén los Moyano de la vida y Cristina apoyando, muestra que hay intención de daño”. En el entorno del primer mandatario critican el rol activo de Martin Lousteau a favor de la marcha y con cinismo, afirman: “Es lo único que le queda por hacer”.
Respecto al financiamiento a las Universidades, en la Casa Rosada insisten con que no tienen problema con que el Congreso lo aumente “siempre y cuando se justifique de dónde saldrán los fondos”, tema que no está contemplado, según el Ejecutivo, en la Ley aprobada. Argumentan que: “Nuestro problema es con los políticos irresponsables”.
El veto a la ley de Financiamiento a las universidades
Respecto del veto, la decisión ya está tomada desde hace tiempo y “saldrá después de la marcha” afirman, coincidiendo con el tiempo establecido (10 días) para rechazar una Ley.
En el Gobierno no descartan que tengan problemas para que quede firme el veto. El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, trabaja para juntar voluntades, pero ya, varios legisladores del PRO se mostraron reticentes.
“Si no apoyan, no saldrá el veto, pero sería un acto de mezquindad de la política”, sostienen en la Casa Rosada. Además, consideran que “se vería como que el PRO pone en jaque el superávit”, explican.
En caso de que la Ley quede firme, en el Ejecutivo señalan que la partida para hacer frente al financiamiento universitario “tendrá que salir de algún lado” es decir se recortarían otros gastos, como, por ejemplo, obra pública, aunque no se descarta que “si rechazan el veto, podría judicializarse”.
