Entre otras reformas, la Cámara alta discute proyectos para regular la tenencia de armas y para establecer un régimen de desarmado de automotores.
Este miércoles vuelve a reunirse en plenario de comisiones el Senado de la Nación, cuyo temario se centraliza en proyectos pertinentes a seguridad, que incluso modifican el Código Penal. El martes, la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, remarcó la importancia de estas reformas en la Cámara de Diputados.
El proyecto más influyente del temario que se debatirá en el encuentro de las comisiones de Seguridad y Justicia es el que propone un Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, también llamado ley antimafias. La iniciativa llega con media sanción de Diputados y propone colectivizar condenas a todas las personas que se consideren integrantes de asociaciones ilícitas, además de establecer regímenes especiales para el ejercicio discrecional de las fuerzas de seguridad.
Otras propuestas que ingresan a la Cámara alta después de ser aprobadas en Diputados son las pertinentes a la regularización de armas de fuego y a la prórroga del programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego. Por otro lado, también fue incluido en el temario un proyecto que pretende aplicar un régimen legal para el desarmado de automotores y venta de sus autopartes, así como también un marco normativo para automotores abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados.
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Ley antimafias: qué dice el proyecto
El proyecto de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, también conocida como ley antimafias, tipifica el crimen organizado en una lista de delitos y establece que existe este tipo de asociaciones cuando tiene como fin «la provocación de temor a las autoridades ejecutivas, legislativas o judiciales”, cuando «los mecanismos establecidos para hacer cumplir la ley son notoriamente insuficientes para hacer cesar una cadena de hechos delictivos», o cuando «estuviere amenazada por las acciones de miembros de una o más organizaciones con objetivos similares la propiedad inmueble del Estado Nacional«.
En ese marco, agrava las penas para los que se consideren miembros de una asociación ilícita y colectiviza condenas a todos los miembros del grupo delictivo: «Será reprimido con la pena que correspondiera al delito más grave cometido por la organización». En otro sentido, establece “Zona Sujeta a Investigación Especial”, donde se aplicarán mecanismos de actuación de urgencia en territorios que se consideren prioritarios.
En el marco de este régimen las fuerzas federales pueden detener a una persona hasta por 48 horas por presunción de culpabilidad para realizar averiguaciones, inmovilizar sus activos e interceptar «llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación». Se implementarán decomisos anticipados de cualquier bien que sea producto de las actividades descriptas en la ley. Aún sin condena, estos bienes pasarán a ser dominio del Estado nacional y provincial que corresponda.
