Es que la exigencia de garantías de libre de deforestación de los productos a importar que la Unión Europea (UE) estableció y debía comenzar a regir a partir de 2025 fue cuestionada y rechazada desde distintos países y sectores productivos.
En el caso de Argentina, implicaba un perjuicio a las exportaciones de carne y soja, que rondan los u$s4.000 millones anuales. Según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el promedio de exportaciones de carne a Europa del 2021 a 2023 fue de US$ 462 millones, el 14% del total embarcado por este sector. Mientras que en el complejo sojero, tomando el mismo período, fue de u$s3.556 millones.
De qué se trata el proyecto que presenta la UE
El bloque presentó un proyecto de enmienda para posponer 12 meses las normas que tienen como objetivo frenar la parte de la deforestación de la que la Unión Europea es responsable a través de sus importaciones de materias primas clave, como el café, el cacao, la soja y la carne de vacuno.
La queja del sector agroexportador
La regulación de la UE debía entrar en vigencia el próximo 30 de diciembre y ha recibido el rechazo de distintas entidades del agro argentino, que se vería afectado al tener que dar garantías de libre deforestación en sus producciones de soja y carne.
«Celebramos la reprogramación de la implementación del reglamento europeo de libre deforestación, fruto de un enorme esfuerzo de gobiernos y cadenas de valor», dijo a Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA).
Indicó que «ahora hay que revisar la segregación física y el no reconocimiento de la legislación nacional sobre bosques, entre otras».
Por su parte, la Sociedad Rural Argentina (SRA) destacó «la decisión que ha tomado la Comisión de la UE de pedir posponer y rever la aplicación de la norma 1115/2023 respecto a la deforestación agregada para los productos con destino a ese mercado».
La Rural había rechazado en ámbitos nacionales como internacionales (Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, Foro Mercosur de la Carne, Organización Mundial de Agricultores, reuniones COPs y encuentros específicos en Chile, Paraguay, Uruguay, Alemania y Bélgica), esa imposición.
Si el Parlamento Europeo y el Consejo lo aprueban, la ley entrará en vigor el 30 de diciembre de 2025 para grandes empresas, y el 30 de junio de 2026 para micro y pequeñas empresas.
