Desde la destitución de Pedro Castillo, al menos 57 personas han muerto en protestas por balas militares o policiales. El reclamo de renuncia de Dina Boluarte, de disolución del Congreso y de un referendo constitucional no es escuchado por las autoridades y ya causa desabastecimiento de combustibles y alimentos.
Por Sebastián Ochoa.
Cuando fue destituido Pedro Castillo de la Presidencia el pasado 7 de diciembre, en Perú comenzó una crisis política, pero también económica. Las familias campesinas del sur peruano son las más afectadas. En Lima se encuentran las plantas de combustible desde donde se distribuyen carburantes a todo el país, por lo que debido al contexto actual de bloqueos, en varias regiones ya no se consigue gasolina. También comienza a sentirse el desabastecimiento de alimentos, comentaron desde Lima a Sputnik.
El desajuste en la economía ya se siente en la vecina Bolivia, que dependía en gran medida de la papa peruana, entre otros alimentos cada día más difíciles de conseguir.
Neyza Gutiérrez tiene una tienda de abarrotes en la capital de Oruro. Para abastecerse viaja tres horas hasta el mercado de Villa Bolívar, en la ciudad de El Alto, a donde llegan cientos de productos peruanos.
«Varias cosas han subido de precio, principalmente productos peruanos, porque no hay entrada de camiones», que están varados en la frontera, dijo Explicó que antes una caja con 60 bolsas de 200 gramos de polvo para lavar la ropa costaba 82 pesos bolivianos, unos 12 dólares. Ahora, la misma caja cuesta 100 (14,5 dólares). Así con muchos otros productos de limpieza.
La falta de papa peruana podría suplirse con la producción local, pero las extensas sequías, con la suma de recientes heladas, arruinaron los cultivos en amplios sectores de la región andina.
«En el mercado una casera contaba que tiene una parcela por el lago Poopó, pero había llegado la helada y toda la producción, entre hortalizas y papa, se le murió», contó Gutiérrez.
«Por el lado de Perú entraba papa, tanto importada como de contrabando, tengo entendido. Ahora tampoco podemos contar con la papa de aquí. Creo que la producción boliviana no va a alcanzar«, evaluó.
En los mercados de la ciudad de Oruro la cuartilla de papa (2,87 kilos) cuesta 20 bolivianos (2,9 dólares), cuando antes del derrocamiento de Castillo costaba 10 (1,45 dólares). «Se ha disparado al doble el precio de la papa. En el mercado escasea, y la que se consigue no es de buena calidad», evidenció la comerciante.
Del otro lado de la frontera
En Perú el conflicto no deja de agravarse cada día. Pero ante las crecientes protestas, la presidenta Dina Boluarte pidió al Congreso que evalúe la posibilidad de adelantar las elecciones para diciembre de 2023, en vez de abril de 2024 como ya fue aprobado.
Margot Palacios, congresista de Perú Libre —el partido que llevó a la presidencia a Castillo—, contó que su bancada había propuesto realizar elecciones generales de aquí a 120 días. Pero la mayoría que apoya al Gobierno de Boluarte quiere permanecer más tiempo para legislar a su favor: aprobar la bicamaralidad (diputados y senadores) y la reelección, según la representante de Ayacucho, en el sur del país, donde ocurrió una de las peores masacres de las últimas semanas.
Palacios destacó el anuncio de Boluarte de otorgar un «bono excepcional» a todos los integrantes de la Policía Nacional, «que según ella vienen defendiendo la democracia en el Perú. Para nosotros no es más que premiarlos por las más de 55 muertes que tenemos. Es un incentivo para que policías y militares continúen reprimiendo y matando al pueblo peruano».
La protesta no para
La congresista de Perú Libre relató que siguen llegando cientos de campesinos a la ciudad de Lima. Allí al menos tienen la expectativa de que no van a matarlos en las calles, como ya se vio en Cusco, Puno, Juliaca, Ayacucho, Arequipa y otras ciudades del sur peruano.
La activista, política y comunicadora Zaira Arias también está en Lima, donde solamente se registra el movimiento de protestas que a diario circulan por sus calles y avenidas, hasta que reciben indefectiblemente la gasificación y disparos de balas de goma de los efectivos policiales.
Indicó que las principales carreteras están cortadas: la Panamericana al norte, al sur y la central. Esta última «es una arteria importante para Lima, porque trae casi todos los alimentos que se consumen en las mesas de los limeños», dijo Arias.
Y agregó: «Esto se suma a una crisis de combustibles, tanto es así que los transportistas en Arequipa por la falta de GLP [Gas Licuado del Petróleo] ya han salido a exigir la denuncia de Dina. Tenemos todo el país paralizado, pero el Gobierno de facto que no quiere irse a su casa».
Arias se rectificó: «En el mejor de los escenarios deberían irse derechito a la cárcel por el genocidio de más de 60 personas ya».
La activista política resaltó el gesto de los presidentes y representantes de diferentes naciones de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), reunidos días atrás en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
«Varios países han pedido la renuncia de Dina Boluarte, no la han reconocido como presidenta de Perú. Quienes estamos dentro de Perú y quienes están afuera manejamos un mismo lenguaje, vemos las cosas como son», expresó.
Una bandera irrenunciable
Para Arias, las demandas de renuncia de la presidenta Boluarte y disolución del Congreso siguen firmes, además «de nuestra exigencia de un referéndum para tener una nueva Constitución. Es una bandera irrenunciable de nuestra lucha, por la cual no vamos a parar ni vamos a bajar los brazos, porque es lo que tanto necesita el país».
Asimismo, «exigimos la liberación inmediata del presidente Pedro Castillo. Aunque a ellos les sangren las orejas, Castillo es el único presidente legítimo de Perú, que ganó en las elecciones» de 2021.
Arias recordó que al expresidente, actualmente encarcelado, la oposición «no le ha permitido gobernar, le han restado facultades y han roto el equilibrio de poderes«.
Ante el bloqueo de las carreteras más importantes del país, el Gobierno de Boluarte anunció que utilizará la fuerza pública para garantizar la circulación. «Si el cierre de la carretera central se prolonga por tres días, Lima colapsa. Por eso van a tratar de desbloquear a como dé lugar, aunque eso signifique más represión y más muertos«, consideró Arias.
La congresista Palacios advirtió: «El Ministerio del Interior ha sacado un comunicado señalando que se va a detener a aquellos ciudadanos que estén bloqueando. Es una amenaza a la gente que viene utilizando este método de protesta. Aunque no esté bien, tampoco se puede amedrentar a la población de esa manera».
@Sputnik
/ Imagen principal: © AP Photo / Fredy Salcedo
