México es una mina de oro para la industria estadounidense del maíz. Sin embargo, un nuevo decreto del país latinoamericano que prohíbe el maíz modificado genéticamente podría generar pérdidas superiores a los 73.089 millones de dólares entre los productores de Estados Unidos.
Por Ricardo Perez.
La batalla por el maíz ha dejado al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en una disyuntiva: ¿podrá sostener su política en defensa de la soberanía alimentaria nacional o cederá ante la enorme presión de un gigante comercial?
La desesperación por la nueva norma mexicana es evidente en Estados Unidos. El 6 de febrero, Tom Haag, presidente de la Asociación Nacional de Cultivadores de Maíz (NCGA, por sus siglas en inglés), lucía exasperado en un panel frente a congresistas y funcionarios estadounidenses. Allí, habló de la catástrofe que se venía encima para el campo norteamericano, prácticamente un apocalipsis provocado por la decisión caprichosa de un hombre del otro lado de la frontera sur.
La decisión mexicana tomada a finales de 2020 fue denunciada en Estados Unidos como una afrenta sin sustento legal, científico ni económico que causaría pérdidas multimillonarias en ambos países y en Canadá, miles de empleos cancelados e incluso afectaciones en la salud de la población.
Un estudio de la firma World Projections, encargado por la NCGA y publicado en septiembre del año pasado, calculó pérdidas económicas en Estados Unidos por más de 73.089 millones de dólares y un impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) de más de 30.000 millones de dólares en los próximos 10 años, además de la cancelación de 32.217 empleos al año, todo a raíz de la prohibición mexicana.
Es más, World Projections proyectó que habría un aumento de 19% en los precios del maíz. «Actualmente, aproximadamente el 10% de la población mexicana carece de acceso a una alimentación adecuada. Bajo la política de prohibición, se espera que este indicador se duplique o triplique en los nueve estados mexicanos más pobres, principalmente en el sur”, señala el estudio de la firma especializada.
El enojo de EEUU
En los últimos meses, Washington ejerció una enorme presión sobre la Administración federal mexicana que incluyó dos visitas del secretario de Agricultura, Tom Vilsack, y de otros funcionarios al país, decenas de reuniones bilaterales, además de que fue uno de los temas que se pusieron sobre la mesa en la visita del presidente Joe Biden a la Ciudad de México a mediados de enero pasado.
Congresistas norteamericanos hicieron llamados urgentes para frenar el decreto con el argumento de se trataba de una violación flagrante a las normas del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) e implicaba una afectación extremadamente grave a todo el sistema de producción agrícola en ese país.
Finalmente, el 13 de febrero pasado, el Gobierno de México cedió y publicó en el diario oficial un nuevo decreto que abroga el inicial del 31 de diciembre de 2020. En este se aplaza hasta enero de 2025 la entrada en vigor de la prohibición de uso de maíz genéticamente modificada para la elaboración de masa y tortillas (el decreto anterior lo fijaba para enero de 2024), pero aclara que está permitido para alimentación animal y también para el procesamiento industrial de alimentos para el consumo humano, que en conjunto absorben la mayor cantidad de importaciones.
El nuevo documento solo declara la intención de buscar la manera de sustituir completamente el maíz modificado «de conformidad con los principios científicos y normas, directrices o recomendaciones internacionales relevantes», pero no fija una fecha determinada para ello.
Sin embargo, la nueva medida mexicana no fue bien recibida en Estados Unidos. El propio secretario Vilsack se declaró decepcionado. Haag, el presidente de la NCGA, una asociación que presume tener más de 24.000 afiliados en 26 estados de la Unión Americana, dijo que México no hizo más que «redoblar su apuesta en su posición original» contra el maíz norteamericano, un golpe a un mercado calculado en 33.000 millones de dólares anuales.
El 15 de febrero pasado, los congresistas Jason Smith, presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estado Unidos, y Adrian Smith, presidente del Subcomité de Comercio, enviaron una carta a la representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, y al secretario Vilsack en la que aseguran que la medida mexicana «pone en grave riesgo los medios de subsistencia de productores agrícolas estadounidenses y mina la integración económica regional».
«Debemos comprometernos con el Gobierno de México desde una posición de fuerza, no de debilidad», dijeron los congresistas en su carta.
Factor electoral
Históricamente, México ha sido el principal comprador de maíz de Estados Unidos. Solo en 2021, China se convirtió en el mayor importador, pero el país latinoamericano ha seguido aumentando sus importaciones de maíz a niveles récord, con más de 17 millones de toneladas al año. El 90% de este maíz es genéticamente modificado, aunque sólo un 30% se usa para consumo humano, el llamado grano blanco, utilizado en productos alimenticios como las tortillas.
Los productores estadounidenses de todas maneras solicitaron al Gobierno llevar la controversia a un panel del T-MEC y están presionando a la Administración Biden para hacer más y echar abajo la política de soberanía alimentaria de López Obrador.
Se trata un frente abierto más en la política del presidente izquierdista mexicano que podría complicarse aún más en momentos en el que el propio Joe Biden está por entrar en los próximos meses a un periodo político en el que se juega su reelección en el cargo.
Los estados agrupados en el llamado cinturón del maíz —Iowa, Illinois, Indiana, Nebraska, Kansas, Misuri y Minnesota, en el medio oeste de EEUU, eventualmente los más golpeados por la prohibición mexicana— podrían jugar un papel determinante en los comicios de noviembre de 2024. Ohio, por ejemplo, el octavo estado productor de maíz, es considerado como uno de los estados bisagra o determinantes en las elecciones norteamericanas.
El propio Tom Haag, de la Asociación Nacional de Cultivadores de Maíz, lo dijo claramente en el panel del pasado 6 febrero en el Capitolio: la controversia con México sobre el maíz «está generando la percepción entre los estadounidenses de que los tratados comerciales no sirven; de que otros países se están aprovechando de nosotros«, dijo Haag. Una línea discursiva empleada por los republicanos de línea dura y que fue uno de los ejes de la campaña que llevó a Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos en 2016, cuando insistió en que el extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) era perjudicial para su país.
«Biden no le había querido entrar, pero claro que le interesa su electorado y no lo va a dejar perder porque se le echen encima. El secretario de agricultura [Vilsack], que aunque es demócrata, es de Illinois, también parte del cinturón maicero, y por eso está diciendo que está desilusionado con ese decreto», dijo a Sputnik Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para Cambio en el Campo Mexicano, una organización en defensa de la soberanía alimentaria.
El problema, señala De Ita, es la propia firma del T-MEC, que se hizo sin consultar a la población, sin una discusión con la sociedad, sin foros. «Lo firman fast-track, sin analizar sector por sector cuáles eran las implicaciones que esto iba a tener […], entonces ahora tienen firmado un T-MEC y Estados Unidos te pone la pata encima y te reduce la soberanía al mínimo«.
EEUU no quiere dejar su gran negocio
México no es el único país que está restringiendo el uso de maíz transgénico y también del agroquímico glifosato. Países europeos como el Reino Unido han prohibido su utilización e incluso algunos estados dentro de EEUU también han emitido leyes regulatorias para restringir el uso de esta substancia, identificada como probable carcinogénico en humanos por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer.
Además, en el marco del T-MEC, en los artículos 24.3 y 24.15 se reconoce el derecho soberano de cada país a establecer protecciones a su medio ambiente y biodiversidad, explicó en conversación con Sputnik Viridiana Lázaro Lembrino, especialista en agricultura y cambio climático en Greenpeace México.
«Ningún tratado de libre comercio puede estar por encima de los derechos humanos, que en este caso es el derecho a una alimentación adecuada y también el derecho a un medio ambiente sano el que estamos protegiendo», señala Lázaro, licenciada en biología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con especialidad en ciencias ambientales en la Universidad de Salamanca, España.
«Estados Unidos debería respetar la soberanía alimentaria, la soberanía de México, y sabemos que empresas multinacionales como Bayer-Monsanto, entre otras, que son oligopolios que controlan el mercado de semillas, están detrás de todo esto, presionando tanto al Gobierno de Estados Unidos como a productores y productoras, porque incluso también hay productores y consumidores en Estados Unidos que están pidiendo la transición a la agricultura ecológica”, puntualiza la activista de Greenpeace.
Para la doctora Yolanda Massieu, experta en biotecnología agrícola» de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), llama la atención que los productores estadounidenses hayan tenido una reacción tan virulenta y que estén tan enojados con este decreto. En realidad en cuanto a importaciones de maíz transgénico amarillo quedamos igual; está autorizado importarlo […], el artículo octavo habla de la sustitución gradual en el país de maíz genéticamente modificado [..], pero yo veo que esa meta está lejos de cumplirse», dice la doctora Massieu. «Están haciendo muy buen negocio y claro, no quieren dejarlo».
Y vaya que el negocio ha aumentado en las últimas dos décadas. Según un estudio de PG Economics, tan solo entre 1996 y 2015 el uso de este tipo de alimentos aumentó la producción global en más de 357,7 millones de toneladas. Este incremento se tradujo en un aumento en los ingresos agrícolas de 261.000 millones de dólares para los principales países productores (EEUU, Argentina y Brasil), acorde con un estudio realizado por también por PG Economics. El mismo informe indica que, de no haberse usado transgénicos, estos países habrían necesitado 274 millones de hectáreas extras para lograr la producción obtenida entre 1996 y el 2020.
A la doctora Massieu le llama la atención que en Estados Unidos no se cuestionen «para nada» cambiar a otro tipo de maíz para poder seguir vendiendo a México. «Ya está muy instalada la tecnología transgénica con consecuencias sociales y ambientales bastante fuertes, y no lo quieren dejar ni ellos, ni las grandes empresas que venden la semilla, el glifosato, la maquinaria», dijo la especialista.
Pero para los cultivadores de maíz en Estados Unidos la posición es muy clara. Andy Jobman, un productor de Nebraska invitado al panel del 6 de febrero con los congresistas del Capitolio, habló de la hipotética posibilidad de dejar de usar semillas genéticamente modificadas en sus procesos productivos: «Sería como deshacerse de la electricidad y volver a las velas, básicamente», dijo.
Y es que en el escenario de penumbras que ven los cultivadores de maíz de Estados Unidos también asoma el problema de qué hacer con las más de 16 millones de toneladas del grano genéticamente modificado que están mandando cada año a México en caso de una eventual prohibición.
En este escenario, China podría jugar un papel clave como eventual comprador, pero las recientes tensiones entre Washington y Pekín, aderezadas ahora con el derribo de globos presuntamente empleados para espionaje, complica las posibles soluciones para los cultivadores del medio oeste de Estados Unidos.
Una guerra comercial con varias bandas en la que «México se encuentra entre la espada y la pared«, opina la doctora Massieu.
@Sputnik
/ Imagen principal: © AFP 2023 / RODRIGO ARANGUA
