Más de 700 obras de urbanización en los barrios populares están paralizadas, a medio hacer, por la decisión del gobierno de Milei de subejecutar el presupuesto que tenían asignado. Sus vecinos y los trabajadores de las cooperativas de construcción se reunieron este martes en la puerta del ministerio de Economía para denunciarlo. “Vivimos en zonas históricamente abandonadas. Cuando conseguimos la sanción de la ley (para urbanizar los barrios, hace seis años) nos dijeron que iba a ser una política a cumplir, cualquiera fuera el gobierno. Le pusimos el pecho, laburamos, armamos cooperativas, empezamos a mejorar las condiciones de vida y ahora estos vienen y de un zarpazo nos quieren quitar todo. Exigimos que se cumpla con la ley”, planteó Lila Calderón, una de las dirigentes sociales, en una conferencia de prensa organizada en las escalinatas de entrada al ministerio.
Los barrios tienen su organización -la Mesa de Barrios Populares-, que elaboró un informe sobre el panorama a nivel nacional. En él detallan que hay 716 obras que el Estado se había comprometido a hacer y están pendientes de ser terminadas. Son proyectos iniciados por la Secretaría de Integración Sociourbana (SISU) en la gestión del gobierno anterior, cuando estuvo a cargo del área Fernanda Miño, dirigente que la semana pasada fue allanada en un operativo policial totalmente irregular, como si el afán de destruir no solamente hubiera tomado como blanco a las obras, sino también a quienes las hicieron.
Hoy está al frente de la Secretaría Sebastián Pareja, un funcionario muy cercano a Karina Milei, que es además quien se está ocupando de armar el partido de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Pareja ha logrado cierta autonomía en relación a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y no desarmó el programa (como sí hizo Pettovello con los comedores de las organizaciones sociales, a los que les cortó totalmente el envío de alimentos).
Entre él y Pettovello hay matices y diferencias. También una interna: este lunes, molesta porque dos de sus funcionarios, Leila Gianni y Ariel Romano, participaron en un plenario de La Libertad Avanza organizado por Pareja, Pettovello los desplazó del cargo a ambos. Pero más allá de estas diferenciaciones, tampoco es que Pareja haya hecho tanto por la urbanización de los barrios.
Retomando el informe, en lo que va de 2024 el secretario reactivó 137 obras, es decir sólo el 20 por ciento de las que están sin finalizar.
Por otra parte, el ministerio de Economía le aplicó su receta al programa, recortándole los fondos de manera brutal: primero el presidente Milei dictó un decreto que redujo su fuente de financiamiento, que era un porcentaje del impuesto a la compra de dólares (el Dolar País). Así, el Fondo para hacer las obras pasó de recibir mensualmente 35 mil millones de pesos a 46 millones, de un plumazo.
El futuro pinta peor, porque el Presupuesto 2025 le destina menos fondos. Además, el gobierno anunció que no prorrogará el impuesto al Dólar País, su otra vía de financiamiento.
Los barrios populares han presentado un pedido de amparo para poder terminar las obras. Son patrocinados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), en una causa iniciada en la ciudad de Pehuajó. El juzgado federal ya reconoció el alcance colectivo del caso, abriendo la posibilidad de que otros pudieran sumarse. Hoy son 37 los barrios que están reclamando judicialmente que las obras sean reactivadas y se completen.
El golpe es difícil de medir para quienes no viven en los barrios populares. En la conferencia de prensa frente al ministerio de Economía, María Eva Duarte, de El Paredón (Lomas de Zamora), denunció que la no terminación de una obra de desagües agrava los problemas de contaminación que tienen los vecinos, afectados por el cromo que vuelca la curtiembre Sadesa, una fábrica fundada por el abuelo de Marcos Galperín. “Necesitamos el desagüe para que esos contaminantes fluyan”, planteó.
Alberto Lares, de Villa Fiorito, contó que su cooperativa se desarmó y sus trabajadores hoy sobreviven changueando, mientras 50 casas quedaron a medio construir.
Gastón Reyes, coordinador de la rama de la construcción del Movimiento de Trabajadores Excluídos de La Matanza, señaló que los fondos no faltan, “existen pero este gobierno los reasignó para usarlos en la timba financiera”, mientras “los barrios siguen sin agua potable, se siguen inundando y se siguen incendiando por no tener conexiones eléctricas seguras”.
