El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, agradeció el mensaje de apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) al respeto a la democracia del país frente a un eventual juicio político en su contra por el caso El Gran Padrino, sobre presunta corrupción en empresas públicas y nexos con la mafia albanesa.
«Agradezco a la OEA por su pronunciamiento en apoyo irrestricto al respeto de la democracia y de la estabilidad política e institucional del Ecuador«, escribió el mandatario en su cuenta en Twitter.
El 5 de marzo, la OEA se pronunció en un comunicado respecto a la aprobación en el pleno del parlamento ecuatoriano de un informe que recomienda el juicio político contra el presidente Lasso, por delitos contra la administración pública y la seguridad del Estado por el caso El Gran Padrino.
«La Secretaría General [de la OEA] expresa la importancia absoluta del apego a la institucionalidad democrática y del respeto a la estabilidad de los períodos constitucionales», señala el comunicado el organismo.
Además, insta a los actores políticos y sociales ecuatorianos a enmarcar la resolución de sus diferendos en el contexto constitucional y ratifica su disposición permanente de cooperar con el país.
La investigación legislativa surgió a partir de las denuncias de un medio de comunicación sobre una presunta trama de corrupción para la venta de cargos y contratos en empresas públicas y supuestos nexos con la mafia albanesa, donde se señala como cabeza de la red al cuñado del presidente, el empresario Danilo Carrera.
De prosperar el trámite, luego de la aprobación con 104 votos a favor del informe de la comisión legislativa, podría tener lugar el enjuiciamiento político y destitución del mandatario, a quien se señala por haber obstaculizado la justicia luego de conocer un reporte policial donde se revelaban indicios de vínculos con el narcotráfico de operadores políticos cercanos al círculo presidencial.
Dicho reporte policial, elaborado en colaboración con el Reino Unido y Estados Unidos, fue reservado, así como un informe de la Secretaría Anticorrupción que reveló indicios probables de corrupción. A ello se suma que el Servicio de Rentas Internas habría eliminado de la lista de paraísos fiscales a Albania.
Además, el mandatario emitió un decreto presidencial que dio plenos poderes al gerente de la compañía coordinadora de empresas públicas, lo cual habría propiciado hechos de corrupción como la venta de cargos y contratos en el sector público.
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