Más de dos meses han transcurrido desde que Venezuela celebrara elecciones presidenciales. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), el actual mandatario, Nicolás Maduro, se impuso en la cita con el 51,95 % de los sufragios, pero ello no fue reconocido por su principal contendor, Edmundo González Urrutia, abanderado de los sectores extremistas de la oposición aglutinados en torno al liderazgo de María Corina Machado.
De acuerdo con la legislación venezolana, el próximo 10 de enero, el presidente electo para el período 2025-2031 deberá juramentarse ante el pleno de la Asamblea Nacional. Aunque la situación está legalmente resuelta, Machado, González Urrutia, sus seguidores y algunos actores políticos internacionales siguen sin reconocer el resultado.
Aún falta tiempo para esa fecha y en el horizonte se vislumbran varios escenarios: que Maduro asuma su tercer mandato sin grandes sobresaltos y con capacidad de maniobra dentro y fuera del país; que el mandatario reelecto arranque su tercer período sin conmociones internas aunque con presión internacional; o que se replique la situación del ‘gobierno paralelo’, esta vez con González Urrutia a la cabeza y el respaldo internacional de agentes como EE.UU. y la Unión Europea (UE).
A lo interno, la mayor parte de la población parece haber pasado la página del tema electoral, apenas vivo en las redes sociales y medios de prensa alineados con la oposición; de otra parte, pese a la intensa campaña en las plataformas virtuales, Machado ha sido incapaz de convocar a manifestaciones masivas dentro del país, al tiempo que el chavismo ha colmado una y otra vez las calles con nutridas movilizaciones que dan cuenta de su apoyo popular.
Cosa juzgada
La cuestión del triunfo de Maduro está fuera de discusión legal. El Tribunal Supremo de Justicia admitió un recurso contencioso electoral interpuesto por el jefe de Estado y ejecutó un peritaje técnico sobre el material que proporcionaron tanto el CNE como la mayor parte de los participantes en la contienda, donde se certificó lo anunciado la noche del 28 de julio.
Ni González Urrutia ni las organizaciones políticas que lo respaldaron presentaron pruebas que acreditaran el supuesto triunfo que proclaman ante ninguna instancia institucional. En su lugar, optaron por la difusión en internet de presuntas actas electorales cuya veracidad ha sido cuestionada por especialistas, lo que motivó a una investigación penal dirigida por el Ministerio Público.
Si bien el desconocimiento de la victoria del chavismo por parte de la oposición derechista no constituye una novedad en Venezuela, en esta ocasión su discurso se ha visto fortalecido por el hackeo que impidió la publicación en tiempo y forma de los resultados electorales.
A este respecto, el Supremo venezolano instruyó al Poder Electoral a saldar la deuda y publicar los resultados detallados en la Gaceta Electoral. Al ser consultado por la prensa sobre el tema, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó que ya se había cumplido con esa formalidad.
Aunque es claro que para Caracas se trata de una cosa juzgada, gobiernos como los de Colombia, Brasil o México han insistido en la existencia de una ‘crisis política’ en Venezuela. En esa línea, expresaron su interés en que la misma se resuelva por medios pacíficos, institucionales y sin interferencia externa.
Ya en abierta injerencia, EE.UU. aprovechó el 79.º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover una resolución conjunta con 38 países americanos y europeos, más la UE, en la que se proclama a González Urrutia como vencedor de las presidenciales de 2024, sobre la base de las supuestas actas difundidas en un portal web administrado por la coalición opositora. Del mismo modo, el texto hace votos por el inicio de conversaciones para una «transición con garantías».
En uno y otro caso, las respuestas de Venezuela han sido categóricas: el punto fue resuelto por las instituciones locales y cualquier pronunciamiento extranjero al respecto será interpretado como un acto de intromisión en sus asuntos internos.
El zigzagueo de González Urrutia
A pesar de haberse proclamado vencedor de la contienda electoral con cerca del 70 % de los votos, González Urrutia no hizo apariciones públicas desde el día del anuncio de los resultados hasta el pasado 8 de septiembre, cuando se conoció que había abandonado su país para solicitar asilo político en España, tras haberse alojado como huésped en la residencia del embajador español en Caracas, Ramón Santos.
En ese marco, el canciller de Países Bajos, Caspar Veldkamp, reveló que el político conservador permaneció en la sede de su legación diplomática en Venezuela «poco más de un mes» y se marchó el 5 de septiembre para dirigirse a la vivienda de Santos.
Aunque González Urrutia justificó su ausencia en las citaciones emitidas por el Supremo y la Fiscalía alegando falta de garantías, para el momento en el que decidió ocultarse en la representación de La Haya en Caracas no se le investigaba por ningún motivo ni se le había imputado delito alguno.
En cualquier caso, tras su llegada a Madrid, Urrutia aseguró que había tomado la decisión de exiliarse voluntariamente «pensando en Venezuela» y bajo el convencimiento de que el destino de su país «no debe ser el de un conflicto de dolor y sufrimiento». Asimismo, agradeció a Machado y a la coalición que lo apoyó por «su trabajo y empeño».
No obstante, rápidamente abandonó el aire de punto final que se respiraba en su comunicado del 9 de septiembre, para insistir en la tesis de su victoria electoral. «Mi compromiso con el mandato que he recibido del pueblo venezolano es irrenunciable. El planteamiento de la lucha que María Corina Machado y yo hemos conducido se mantiene inquebrantable», se lee en un texto que publicara apenas tres días más tarde, luego de haber sido recibido por el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Su posición se enrareció todavía más cuando se hizo pública una misiva en la que el opositor argumentaba sus razones para salir de Venezuela y acataba el fallo del Tribunal Supremo donde se certificaba la victoria de Maduro, lo que entró en contradicción con el triunfo que se sigue atribuyendo.
Pese a haber reconocido la veracidad del documento, aseguró que lo había firmado bajo coacción, lo que fue desmentido posteriormente con pruebas gráficas y grabaciones de voz por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien hizo parte de las negociaciones para que las autoridades venezolanas le otorgaran el salvoconducto que reclamaba para marcharse a España.
Además de ser refutado públicamente, González Urrutia se vio obligado a publicar una carta aclaratoria en la que afirmó que no había sido coaccionado por el Gobierno español, pues su primera declaración careció de esa precisión y el asunto fue usado por los opositores de Sánchez para exigir la dimisión del canciller José Manuel Albares.
A la fecha, si bien su reclamada victoria ha sido respaldada por EE.UU., el Europarlamento, el Congreso español, así como por los presidentes de algunos países latinoamericanos y europeos, ninguno ha dado el paso para tratarlo como presidente electo.
Esto se explica en buena medida por el fracaso del apoyo internacional al falso «Gobierno interino» del exdiputado opositor Juan Guaidó, que en su mejor momento fue reconocido por más de 50 países. Pese a la fuerza de ese andamiaje, ello no se tradujo en la expulsión de Maduro del poder por medios paraconstitucionales, objetivo último de los impulsores de la iniciativa.
Antes bien, la figura de Guaidó propició una intentona golpista fallida, una incursión anfibia con mercenarios fracasada y numerosos escándalos de corrupción asociados a los activos de Venezuela en el extranjero.
De este modo, aunque Machado y González Urrutia afirmen que el segundo asumirá funciones el próximo enero, no hay nada más allá de su palabra que permita vislumbrar que tal tentativa se cristalizará, ni siquiera simbólicamente, pues el dirigente se encuentra en el extranjero y, a pesar de sus declaraciones, no luce probable que levante amarras y emprenda el camino de regreso en el corto plazo.
La Venezuela de a pie
La violencia postelectoral que vivió el país los días 29 y 30 de julio –saldadas con 27 personas asesinadas y numerosos daños a infraestructuras– fue rápidamente controlada con acciones conjuntas entre la Policía, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público.
De acuerdo con cifras divulgadas por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, al 31 de julio, las autoridades detuvieron a 1.062 ciudadanos por su aparente vinculación con los eventos violentos que siguieron al desconocimiento de los resultados electorales por parte de Machado y González Urrutia.
Posteriormente, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, acusó a la oposición de usar a menores en manifestaciones violentas y confirmó que la mayor parte de ellos ya se encontraba en libertad. En su decir, muchos de los adolescentes fueron contactados «a escondidas» de sus padres por personal de Machado para involucrarlos en ataques contra personas e instalaciones.
De conformidad con la desarticulación de los focos violentos informada por las autoridades, desde finales de julio no se registra ninguna manifestación opositora de gran calado en el país. En contraste, el chavismo logró convocar a concurridas demostraciones públicas de apoyo a Maduro durante los meses de agosto y septiembre de 2024.
A ello se suma que el tema solo sigue teniendo preeminencia en foros internacionales, medios de comunicación de amplio alcance y, en menor medida, en las redes sociales, pero parece ser cosa del pasado para la mayoría de los venezolanos, según muestra el más reciente sondeo de la encuestadora Hinterlaces.
El estudio, realizado en septiembre de 2024, sostiene que el 72 % de los entrevistados –se trata de una muestra con alcance nacional– considera que «hay que cerrar la etapa electoral» y trabajar en pro del país.
Del mismo modo, 60 % de los participantes asegura que el actual mandatario ganó la elección presidencial, mientras que 33 % considera que se cometió un fraude electoral. En otra pregunta, el 54 % afirmó que volvería a votar por Maduro y el 32 % que lo haría por González Urrutia, un resultado que no discrepa significativamente de lo informado por el CNE en su último boletín.
Lo que viene
El mapa sociopolítico en Venezuela prevé que Maduro asumirá su tercer mandato el 10 de enero de 2025, como disponen las leyes locales y con escasa conflictividad política interna, aunque esta puede reavivarse en el transcurso del año, en tanto está prevista la celebración de elecciones para renovar gobiernos locales, municipales y la Asamblea Nacional.
A ello se suma que, desde el Parlamento, se plantea actualmente una modificación de las leyes electorales, con la que se pretende impedir la participación de agentes políticos que atentaron contra el Estado venezolano.
Aún no se ha especificado qué acciones precisas serían causal de exclusión, pero una lista preliminar incluye la solicitud sanciones o intervenciones extranjeras, la implicación en planes sediciosos, el desconocimiento de los poderes públicos, la usurpación de funciones y el aprovechamiento de fondos públicos. Si se hace efectiva, la oposición extremista no podrá presentarse a los comicios.
A la fecha, la gran incógnita parece residir en la posición de los actores internacionales. Aunque casi puede darse por descontado que EE.UU., la UE y la mayoría de países europeos continuarán sin reconocer la victoria de Maduro, esto no necesariamente se traducirá en un respaldo hacia González Urrutia, como en el que en su día recibiera Guaidó.
En América Latina, las posiciones son diversas: van desde el apoyo irrestricto de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), pasando por exhortos a la publicación de las actas electorales (Colombia, Brasil y México) y rechazos plenos (Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay, entre otros).
Luce poco probable que las posiciones más radicales sufran variaciones, aun cuando se divulguen los resultados electorales. Sin embargo, esto sí implicaría un reconocimiento por parte de Petro y Lula, dos poderosos aliados regionales.
En el caso de Claudia Sheinbaum, la política de no intromisión en asuntos internos de otros países puede traducirse en un reconocimiento al Gobierno liderado por Maduro.
Al otro lado del péndulo están China y Rusia, los países africanos, los árabes y la mayor parte de los asiáticos. En esos territorios se ha celebrado el triunfo de Maduro y, probablemente, el mandatario venezolano volcará su política exterior hacia ellos, en correspondencia con lo que ha venido haciendo en el último lustro: marcar distancia del Occidente colectivo.
