Un instituto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNSA mostró un informe que refuta afirmaciones del presidente Milei. El Consejo Superior de la Universidad de Jujuy repudió a los diputados que apoyaron el veto al financiamiento universitario.
Las comunidades universitarias del norte concretaron, con alto acatamiento, el paro nacional de este jueves en repudio al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, que fue decidido por el Frente Universitario Sindical, en el marco de un plan de lucha más general. Mientras desde la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) su Consejo Superior repudió a los diputados nacionales que apoyaron el veto, desde la Universidad Nacional de Salta (UNSA), se difundieron cifras que señalan que el 45% de los estudiantes que asisten a esa casa de estudios provienen de los estratos de ingresos más bajos.
Un informe del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE), de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNSA, en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y enfocado en Salta, al que accedió Ámbito, puso el acento en que, debido al 45% antes señalado, «hay una notable mayoría de estudiantes provenientes de hogares de ingresos bajos en la universidad pública, comparada con la universidad privada, cercano al 17%«. Y si se pone la lupa en los estratos más altos, solo un 30% del alumnado de las universidades públicas proviene de ellos.
«Desde este punto de vista no es correcto afirmar que la universidad pública recibe o atiende a estudiantes de sectores de ingresos altos. Ocurre precisamente lo contrario», afirmaron desde el IELDE, en clara alusión a lo que afirmó el presidente Javier Milei el fin de semana, cuando en un acto sostuvo que «la universidad pública nacional no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y de la clase alta y media alta».
En esa oportunidad, el jefe de Estado también señaló que «la universidad dejó de ser una herramienta de movilidad social para ser un obstáculo para la misma». Frente a ello, el informe del IELDE, titulado «Ingresos familiares, pobreza y condiciones de vida de estudiantes universitarios en la provincia de Salta», destacó que el 77,4% de los estudiantes que asisten a la UNSA representan a estudiantes de primera generación en asistir a la universidad pública. Mientras que, en el sistema privado, ese número desciende a 65,2%. «Un certificado de educación superior permite acceder a puestos de trabajo más productivos y a los cuales se asocian niveles de remuneración más alta (…). La educación superior en general es una herramienta que contribuye a la movilidad económica y social intergeneracional, y la educación superior pública lo es aún más que la educación superior privada«, se destacó.
En las últimas horas, el rector de la UNSA, Daniel Hoyos fue consultado tras un acto sobre la auditoría que realizará la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). «Nosotros siempre esperamos que llegue la auditoría y estamos continuamente siendo auditados por auditores internos, estamos tranquilos», expresó. Y en relación a las protestas, recordó que estudiantes y docentes realizan una toma pacífica del Rectorado y que la adhesión a la huelga de este jueves fue alta.
Repudio universitario desde Jujuy
En las últimas horas sesionó el Consejo Superior de la UNJU, presidido por el rector Mario Cesar Bonillo, deliberación a la que asistieron también referentes de los centros de estudiantes y de los gremios docentes y no docentes. Tras una larga deliberación y con el voto unánime, el cuerpo emitió una dura declaración, tras el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y que despertó una ola de protestas en todo el país.
«Expresamos nuestro enérgico repudio al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y su ratificación en el Congreso de la Nación. Manifestamos nuestro repudio al accionar de los diputados nacionales, en especial el de los graduados en las universidades públicas, quienes con su voto colaboraron en su desfinanciamiento. Rechazamos los discursos violentos, ultrajantes y amenazantes, y el continuo hostigamiento que busca desprestigiar a la comunidad universitaria y al sistema de ciencia y tecnología», señalan los tres primeros puntos del pronunciamiento que se hizo público.
En otro de los puntos del comunicado, los consejeros exigen a los diputados y senadores nacionales a que «defiendan la universidad pública, laica, gratuita y de calidad, con un Presupuesto 2025 que (…) le permita funcionar y cumplir con sus objetivos de docencia, investigación y extensión«.
Mientras un nutrido grupo de estudiantes continúan con la toma pacífica de la Facultad de Humanidades, en donde realizan las asambleas interclaustros, desde el gremio docente ADIUNJU, que conduce Gabriela Gresores, se señaló que en las próximas horas se montará una carpa universitaria en una zona céntrica de la capital jujeña.
