Más de 80 facultades en 12 provincias han sido tomadas por los estudiantes: las medidas de fuerza por el financiamiento de las universidades públicas se encuentra en el centro de la preocupación de los profesores y los futuros profesionales. Esas demandas se replican en la Cámara de Diputados, que se encuentra discutiendo el proyecto de Presupuesto 2025.
Luego de la presencia de los secretarios de Finanzas, Pablo Quirno, y Hacienda, Carlos Guberman, quienes defendieron los detalles técnicos del proyecto presupuestario, la estrategia oficialista es que la discusión de cifras y porcentajes quede relegada por las polémicas propias del rencor político: a la controversia que provocó Patricia Bullrich, con denuncias penales y sospechas de espionaje mediante, se le sumará el próximo martes la asistencia de Daniel Scioli, fundador de la identidad peronista libertaria. Sin embargo, opositores y dialoguistas insistirán en los apartados educativos.
El ítem más discutido es el artículo 27, que suspende para 2025 el porcentaje mínimo de inversión que le corresponde al Sistema Nacional de Ciencia, de Educación Técnico Profesional y de Educación Nacional. El piso propuesto era del 6% del PBI, una meta que sólo se alcanzó en 2015 y que contempla también los gastos de las provincias. En contraposición, se puede observar el detalle en las partidas presupuestarias exclusivamente para Nación, desde donde se destinan los recursos universitarios: un 0,91% en 2024, lo que representa una caída del 40,2% en comparación con el año anterior según el Observatorio de Argentinos por la Educación. En 2025, este porcentaje se reduciría a un 0,88% del PBI.
«Nos parece una mala práctica tener una economía indexada, porque dificulta la posibilidad de estabilizar la macroeconomía», fundamentó Guberman en su exposición en Diputados y propuso que «si las provincias quieren gastar más, pueden hacerlo». “Desde el Estado nacional no estamos en condiciones de cumplir esas obligaciones», resumió. Precisamente, esa falta de indexación es la que desde la oposición califican de discrecional: que el Gobierno no tenga ninguna orientación para destinar los fondos públicos y que pueda negociar cada partida. Las suspicacias se acrecientan con las últimas declaraciones de Javier Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que relativizaron la necesidad de una ley de Presupuesto.
En simultáneo, el artículo 17 del proyecto de Presupuesto 2025 fija una suma en torno a los $3,8 billones para financiar «gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales«. La respuesta del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) fue exigir casi el doble -$7,2 billones- a través de un comunicado en donde se retoma la discusión que se sostiene en las últimas semanas: los cálculos del Gobierno no contemplan el incremento salarial de los trabajadores universitarios, reclamo que llevó a múltiples medidas de fuerzas desde el inicio del ciclo lectivo y que derivó en la ley de financiamiento educativo -posteriormente vetada- y a las actuales tomas de facultades.
Mientras el propio CIN estima que hasta septiembre de este año hubo una diferencia negativa del 77,6% entre los incrementos salariales y la inflación, el oficialismo reitera el argumento de que es el sector mejor pago del ámbito estatal. Al igual que los últimos aumentos a los universitarios, que no fueron acordados en paritarias sino que se establecieron discrecionalmente horas antes del debate en Diputados, al resto de los trabajadores estatales les impusieron una suba de haberes del 3% en los últimos dos meses.
La discusión en Diputados
La oposición anticipada de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, más el acompañamiento del PRO al bloque de La Libertad Avanza, ponen el foco en las bancadas consideradas dialoguistas en Diputados. Son las que le garantizarán al Gobierno la mayoría parlamentaria que se le presenta como un escenario desafiante, luego de los esfuerzos que le significó alcanzar el tercio de la Cámara en las últimas votaciones sobre vetos presidenciales.
Uno de estos bloques es Encuentro Federal, cada vez más reacio a alinearse con el oficialismo. Según pudo conocer Ámbito, presentarán un dictamen propio de Presupuesto 2025 que esperan consensuar precisamente con otros dos espacios apuntados como dialoguistas: la UCR y la Coalición Cívica. Allí buscarían compensaciones presupuestarias para los distritos provinciales, universidades y jubilados, proponiendo dos fuentes de financiamiento: modificar los regímenes fiscales y revisar el crecimiento exponencial -ampliamente por encima de la inflación- de los fondos para organismos encabezados por funcionarios cercanos a Javier Milei, como la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General y la SIDE.
En el radicalismo se dividirán posturas, si no se rompe el espacio la próxima semana, lo que representa una noticia ambivalente para el Gobierno: podrá conseguir una decena de apoyos pero hay un sector que sella su rechazo a este proyecto. Además de que continuarán impulsando la necesidad de solidez en el financiamiento universitario, crece el resquemor dentro de la UCR por la falta de reciprocidad en los apoyos a propuestas que consideran elementales, como la reforma sindical.
El otro foco está puesto en los diputados que responden a sus gobernaciones provinciales, cada vez más incómodas con la falta de cumplimiento de promesas de Casa Rosada pero urgidas por concretar obras públicas estratégicas. Para más, se repiten las voces del oficialismo que piden que las universidades nacionales dependan de las provincias. “Me parece una burrada. La educación argentina es federal”, definió Víctor Moriñigo, titular del CIN entrevistado en La Patriada, quien planteó que “lo que hace la cuestión federal es que tengamos una situación uniforme y que tratemos de tener una educación que reporte a un mismo estilo y que converse entre sí con los mismos niveles de calidad educativa y de acreditación nacional».
El debate por las auditorías
Un argumento recurrente desde el oficialismo apunta a la falta de predisposición de las autoridades universitarias para ser auditadas. Ese procedimiento, sin embargo, está interrumpido desde el cambio de gestión -aunque se realizó en años anteriores sin denuncias de malversación de fondos- por la falta de pericia gubernamental para que Diputados defina sus tres representantes para la Auditoría General de la Nación (AGN).
Martín Menem, quien preside la Cámara, no logró resolver la puja por la distribución de cargos: el peronismo, como bloque mayoritario, tiene un lugar reservado; sin embargo la UCR, el PRO y La Libertad Avanza pujan por los dos espacios restantes. La UCR, la bancada minoritaria entre las tres, sostiene que cuenta con el respaldo de Encuentro Federal y así se impondría como segunda fuerza. Resta aquí una negociación que nunca sucedió en lo que va de 2024.
Lo que sí cambió el escenario fue el dictamen firmado por el Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, para que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) funcione como órgano auditor de las universidades nacionales. «Los vamos a poder auditar, los chorros están en peligro», reaccionó el presidente Javier Milei ante el acontecimiento que estaba a una firma de distancia y que le otorga mayor potestad al Ejecutivo para avanzar en los controles, a diferencia de la AGN titularizada por un dirigente opositor. El PRO, bloque que en el último mes avivó esta demanda, celebró de forma más moderada la decisión como «un gran avance hacia la transparencia». De ahora en más, sólo quedan ver los balances.
