Se lo acusa de haber permitido un esquema de intermediación con comisiones millonarias que involucró a organismos públicos y brokers privados.
El ex presidente Alberto Fernández fue citado a declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga un presunto esquema de contratación irregular de seguros durante su gestión. La citación fue solicitada por el propio Fernández, quien busca ampliar sus dichos antes de que el juez federal Sebastián Casanello defina su situación procesal.
El expediente apunta a un posible entramado de fraude en torno a seguros contratados por organismos estatales a través de Nación Seguros, con millonarios pagos de comisiones a brokers que habrían actuado como intermediarios. Entre los involucrados figura el empresario del sector asegurador Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente y pareja de su exsecretaria María Cantero, también imputada.
La Cámara Federal revocó las inhibiciones de los acusados
En paralelo, la Cámara Federal revocó una medida que mantenía inhibidos los bienes de los acusados, entre ellos Fernández. La decisión fue adoptada con los votos de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, mientras que Roberto Boico votó en disidencia.
Irurzun argumentó que la inhibición “carece de fundamentación suficiente” dadas las circunstancias actuales del caso y el momento en que fue dictada. Por su parte, Farah cuestionó la demora judicial al señalar que las indagatorias se realizaron hace seis meses sin avances en las resoluciones procesales. “No han surgido ni se invocan indicios de ocultamiento o movimiento de bienes”, sostuvo.
Boico, en cambio, defendió la vigencia de las medidas cautelares al considerar que, en casos de presunta corrupción y criminalidad económica, la legislación nacional y las convenciones internacionales firmadas por Argentina recomiendan congelar activos de forma temprana. “La declaración indagatoria es un estándar suficiente para sostener la medida”, afirmó en disidencia.
El origen de la investigación se remonta a una serie de contrataciones estatales que, presuntamente, beneficiaron a productores de seguros cercanos al entonces presidente. La causa comenzó con el juez Julián Ercolini, quien tomó las primeras indagatorias pero no dictó procesamientos. La investigación pasó luego a manos de Casanello, quien profundizó las actuaciones y estaba evaluando nuevos llamados a indagatoria cuando la Cámara resolvió liberar los bienes de los acusados.
Uno de los elementos clave del expediente es un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que detectó facturaciones de Fernández a Martínez Sosa entre 2010 y 2019 por supuestos servicios profesionales.
Cabe recordar que una primera inhibición de bienes había sido dictada por Ercolini en abril de 2024, aunque fue levantada en ese mismo momento por la Cámara Federal. En abril de este año, Casanello volvió a imponer la medida, que ahora fue nuevamente revocada tras las apelaciones de las defensas. La causa continúa abierta y aún resta que el juez defina si avanza o no con los procesamientos.
