En su 83° período de sesiones, el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó este viernes un avance de su informe periódico sobre la Argentina con una serie de advertencias sobre la gestión de seguridad, principalmente en lo que respecta a la gestión de cárceles y el accionar de fuerzas de seguridad en las movilizaciones sociales, enmarcadas en el «protocolo antipiquetes».
Entre sus definiciones, la ONU expresó su «inquietud por diversas resoluciones del Ministerio de Seguridad sobre uso de la fuerza, armas menos letales y el ‘Protocolo Antipiquetes'». En ese sentido, «solicitó su revisión para adecuarlas a estándares internacionales, incorporando los criterios de necesidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas«.
En ese marco, apuntaron contra la falta de información que existe sobre avances de investigaciones o sumarios internos en casos de «denuncias de abusos durante operativos de seguridad en manifestaciones, incluyendo lesiones graves por uso indiscriminado de balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes, así como detenciones arbitrarias». Los ejemplos considerados apuntan a represiones en la ciudad de Buenos Aires durante el 2024 y 2025, y en la provincia de Jujuy en 2023.
Asimismo, le solicitó a «los tres poderes del Estado […] asegurar que cada política pública respete la dignidad humana, especialmente en contextos de encierro».
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Mariano Fuchila
Informe de la ONU apuntó contra los centros de detención
Otro de los puntos del informe de la ONU se refirió a los espacios de detención, subrayando una problemática del «uso de comisarías para alojamientos prolongados, recordando que no están diseñadas para ese fin». Es por ello que instó a la Argentina a que «cese esta práctica y adopte mecanismos para garantizar su prohibición».
Por otro lado, el organismo manifestó «preocupación por las condiciones de vida severas» en los denominados «regímenes de alto perfil» en las cárceles, en donde se aplican «aislamientos superiores a 20 horas diarias y restricciones de visitas familiares». En simultáneo a solicitar la adecuación a estándares internacionales, pidió la revisión de hechos de «torturas y malos tratos» en cárceles de Santa Fe durante el 2024.
En cuanto a la familia de los detenidos, advirtió «por la realización de requisas invasivas, especialmente a mujeres, niños y niñas», solicitando que «respeten la dignidad». Finalmente, interpeló al Estado nacional para que «ponga fin a la detención de niñas, niños y adolescentes en comisarías, que no reduzca la edad mínima de responsabilidad penal, y que la privación de libertad sea una medida excepcional, de duración mínima, aplicada en espacios separados de personas adultas y privilegiando siempre alternativas a la detención».
Informan sobre tratos degradantes en cárceles y comisarías
La gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad concluyó con un duro informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que publicó una serie de cifras en relación con la tortura y los tratos degradantes tanto en las cárceles federales como por parte de la Policía Federal, Gendarmería, PSA y Prefectura.
En un trabajo exhaustivo de 415 páginas, la PPN informó que en 2024, en el ámbito federal hubieron 271 víctimas de tortura y/o malos tratos policiales y se produjeron “646 víctimas que permiten la individualización de un total de 1465 hechos de tortura y/o malos tratos” en las cárceles que dependen del Sistema Penitenciario Federal, el cual, actualmente, aloja a 11453 personas. Ambos orbitan dentro del Ministerio de Seguridad nacional.
En el caso de la violencia policial, el informe de la PPN precisa que “en el relevamiento de campo en el ámbito federal y nacional se identificaron 271 víctimas de tortura y/o malos tratos policiales. A ellas hay que añadirles que «se identificaron 64 víctimas de tortura y/o malos tratos policiales. Como resultado, se cuenta con 335 casos de tortura y/o malos tratos para el análisis”.
Sin embargo, si se observan todas las categorías de maltrato y/o tortura, el listado de los principales casos está liderado por “Malas condiciones materiales de detención”, 427 casos; “Agresiones físicas”, 363 casos; “Aislamiento”, 146 casos; “Falta o deficiente asistencia de la salud”, 145 casos y “Falta o deficiente alimentación”, 99 casos entre muchos otros.
