Fue un anuncio como bombos y platillos, pero al Centro Nacional Antiterrorista (CNA) no le duró ni una semana el nombre. Este martes, en la previa de su encuentro con Donald Trump, apareció publicado en el Boletín Oficial que Javier Milei había cambiado su denominación. En el decreto, no hay explicaciones sobre el por qué de la modificación.
El martes pasado, Patricia Bullrich convocó a una conferencia de prensa en el Ministerio de Seguridad para anunciar la creación del CNA. El anuncio fue hecho junto al titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Sergio Darío Neiffert.
Todo indica que Bullrich se llevó el protagonismo porque está en plena campaña para el Senado. El tema es difícil para la ministra de Seguridad: es la candidata de la mano dura y distintas informaciones muestran que ella sabía de las vinculaciones de José Luis Espert –elegido por el Presidente como el principal postulante de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires– y Federico Andrés “Fred” Machado, el empresario requerido por los Estados Unidos por una serie de delitos ligados al narcotráfico.
Exactamente, una semana después de la conferencia de prensa, el Gobierno decidió cambiar el nombre a Centro Nacional Antiterrorismo (CNA) sin explicar a qué obedecía la nueva denominación.
Por el momento, el Gobierno no dejó trascender quién estará al frente del CNA. El funcionario en cuestión será designado por Neiffert. Bullrich, en cambio, tendrá la posibilidad de postular a quien se ocupe de las cuestiones operativas del organismo. Sin embargo, ese nombramiento deberá ser validado por el jefe de la SIDE, que es un hombre que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.
Fuentes consultadas por Página/12 atribuyeron la creación del CNA a un gesto con los Estados Unidos e Israel y explicaron que posiblemente se debía a algún pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se trata de otra estructura burocrática dentro de la SIDE, que ya está “inflada”, según la caracterización que hizo la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI).
En el CNA tendrán representación el Ministerio de Defensa, la Cancillería, las fuerzas de seguridad federales, la Unidad de Información Financiera (UIF) —que puede congelar activos de quienes integran el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (Repet)—, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).
El diseño prevé que el CNA tenga enlaces con las provincias y municipios. Incluso habla de vínculos con organismos públicos y privados —lo que podría incluir a empresas—.
Hay dos datos de relevancia hasta ahora: la inclusión del Ministerio de Defensa en el esquema —que parece estar orientada a la incorporación de los militares en tareas de seguridad interior— y la definición amplia e imprecisa de quién puede ser un terrorista.
La clasificación de “terroristas” para Bullrich es amplia. El rango va desde manifestantes hasta integrantes de la comunidad mapuche, a quienes la ministra calificó como “terroristas” en una publicación en redes sociales.
El año pasado, la ministra denunció un complot terrorista orquestado supuestamente por un peluquero, un jugador de ping-pong y un personaje estrafalario que se presentaba como mercenario. Todo quedó en la nada tras un fallo de la jueza María Eugenia Capuchetti. Algo similar sucedió con el paquete explosivo que llegó a la oficina de Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA). La ministra atribuyó el ataque a un grupo terrorista vegano, pero terminó detenido un hombre que tenía milanesas de carne en el freezer, lo que desbarató su hipótesis. Como no estaba implicado en el caso, el juez federal Daniel Rafecas ordenó su liberación.
El tema del terrorismo ha sido uno de los ejes de interés primarios de los servicios de inteligencia. Sin embargo, en la historia reciente, hay antecedentes de que se usaron denuncias sobre supuestas amenazas terroristas para hacer espionaje. Así pasó con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo, que promovió una causa por terrorismo en Lomas de Zamora y la usó como paraguas para espiar a Cristina Fernández de Kirchner, entre otros dirigentes políticos.
En la CBI confiaron a este diario que estaban analizando el tema del CNA y sus posibles impactos. Semans atrás, ese cuerpo –que tiene como presidente al senador Martín Lousteau y como vicepresidente al diputado Leopoldo Moreau– «bochó» el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que había enviado la SIDE por considerar que era incompatible con los estándares legales.
