Aguirre acusó al armador bonaerense del partido, Sebastián Pareja, y a su colaborador Juan Osaba de haberla cesanteado por negarse a ocultar hechos de corrupción.
En la pantalla de C5N, la exfuncionaria denunció coimas, sobreprecios, cobros indebidos, venta de candidaturas y pedidos de «retornos». Aseguró que comenzó a trabajar en la campaña presidencial de Javier Milei ilusionada con el cambio que proponía, pero que el Presidente los «traicionó a todos» una vez asumido su cargo.
«Nos usó para la campaña y después nos desvinculó de La Libertad Avanza. La casta sigue adentro. Para nosotros es un dolor grande. Es la primera vez que me meto en política. Creía en él y en el cambio pero todo se volvió una corrupción plena», señaló.
Aguirre aseveró que cuenta con grabaciones, audios y capturas de pantalla que dan cuenta de los distintos hechos de corrupción que denunció ante el juez Alejo Ramos Padilla.
«Cuando me dicen que voy a ser funcionaria me piden un millón de pesos por mes del sueldo. Antes de empezar a trabajar Juan Osaba me dice que le de un millón de retorno y me dice que tengo que firmar papeles. Le pregunto qué papeles, me reconoce que son algunos papeles ilegales pero me dice que voy a tener regalías, que obviamente era la coima», indicó.
En ese sentido, la mujer agregó: «Nunca les cumplimos a ellos. Le dijimos que sí para que nos nombren y una vez adentro lo primero que hicimos fue empezar a investigar toda corrupción dentro de PAMI», al tiempo que señaló a Pareja como el principal responsable de las irregularidades en el área: «Él es el armador provincial y es la mano derecha de Karina Milei. Es intocable».
Por último, Aguirre expresó que la echaron por «cerrar el grifo» de la corrupción. Además contó que acudió a Javier Milei, Karina, distintos funcionarios y periodistas para denunciar el hecho pero ninguno le respondió.
Escándalo en el PAMI: exfuncionaria reveló pedidos de coimas y firmas ilegales
La gestión de La Libertad Avanza (LLA) en el PAMI quedó envuelta en un escándalo que incluye coimas y negociados con la compra y provisión de insumos. También salieron a la luz nuevas denuncias que mencionan que la entidad es utilizada por el oficialismo nacional para repartir cargos a militantes libertarios, a candidatos en las provincias y también como caja, mediante el pedido de retornos a quienes son nombrados.
Esta última situación, una estrategia de la «casta» a la que supuestamente venía a combatir LLA, se reflejó en la provincia de Buenos Aires, con denuncias que salpican al armador Sebastián Pareja, cercano a Karina Milei. Una diputada provincial suplente señaló a un colaborador cercano a Pareja de pedir un porcentaje del salario para financiar al partido. El presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires viene pidiendo pista también en el club San Lorenzo, ya que señaló la semana pasada que le gustaría ser candidato a presidente y dejó una ambigua reflexión acerca de la posibilidad de adoptar el formato de una SAD.
Los desmanejos y desprolijidades del partido de Javier Milei con el PAMI ya habían salido a la luz en Santa Fe, con el nombramiento de candidatos a la elecciones provinciales en distintas unidades del organismo en el distrito. Luego, este medio realizó una exhaustiva investigación sobre idéntica estrategia, pero a mayor escala, en la Ciudad, bajo órdenes de Pilar Ramírez, jefa de bloque de LLA en la Legislatura porteña y mano derecha de Karina Milei en CABA.
En tanto, quedó al desnudo irregularidades en la compra y provisión de insumos en el organismos de previsión social luego de que la semana pasada desde el organismo se difundiera un comunicado en el que se anunciaba una “revisión profunda” para «desarmar las mafias internas y terminar con los privilegios».
En el texto se informaba que se habían detectado “un uso llamativamente elevado de las vías de excepción» para la entrega de medicamentos, insumos y tratamientos que en muchos casos eran utilizadas para eludir licitaciones y procedimientos formales, “abriendo la puerta a manejos poco transparentes y posibles desvíos de fondos públicos«.
Desde el PAMI, también aseguraron que tras el inicio de “una investigación interna» y, en caso de confirmarse irregularidades, se avanzaría con sanciones.
