La Corte Suprema de Justicia avaló este martes la extradición a Italia de Leonardo Bertulazzi, ex miembro de las Brigadas Rojas en la década del ’70, quien fue detenido horas después en su domicilio por orden de la jueza federal María Servini. En 2004, dos años después de radicarse en Buenos Aires, el Estado argentino le había concedido el estatus de refugiado político, pero la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), modificada en su integración por un decreto el gobierno libertario, se lo retiró el año pasado para que pudiera ser deportado a Italia, en el marco de un acuerdo entre el presidente Javier Milei y su par Giorgia Meloni. El abogado Rodolfo Yanzón, defensor de Bertulazzi, presentó ayer un hábeas corpus correctivo para frenar la extradición, argumentando que la decisión para negarle el carácter de refugiado “no se encuentra firme”, ya que está en trámite en el fuero contencioso administrativo.
La resolución de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti confirma una decisión de Servini, que en agosto del año pasado declaró procedente una solicitud de extradición contra Bertulazzi para que cumpla una condena a 27 años de prisión dictada en ausencia, sin posibilidad de ejercer su defensa. La Corte se pronunció en línea con el dictamen del procurador interino eterno Eduardo Casal, quien rechazó los argumentos de la defensa del ex militante de 73 años contra esa decisión. “Los alcances de este pronunciamiento no implican abrir juicio alguno sobre el reclamo del recurrente respecto de la pérdida de su estatus de refugiado”, destacaron los jueces, y le indicaron a Servini que “ponga en conocimiento de su par extranjero el extremo de la cuestión”.
Bertulazzi fue acusado de participar en 1977 del secuestro del empresario Piero Costa, liberado tras el pago de un rescate millonario. Ese mismo año fue detenido hasta fines de 1979, por lo que estaba preso cuando se produjo el asesinato del primer ministro Aldo Moro en 1978, con el que se lo vincula erróneamente. Logró fugarse de Italia, donde se lo condenó en ausencia, e ingresó a la Argentina en 2002. Fue descubierto en Buenos Aires en julio de 2003, estuvo ocho meses detenido, hasta que la misma jueza María Servini lo liberó porque la ley argentina no prevé la extradición en casos de condena en ausencia.
En 2004 la CONARE le concedió el estatus de refugiado y durante los siguientes veinte años vivió en un mismo departamento del barrio porteño de San Telmo. En 2018 la Corte de Casación de Italia confirmó la extinción de la pena por prescripción, por lo que podía volver a su país sin riesgo de ser detenido, pero meses después la Corte de Apelación de Génova determinó que la prescripción no se había producido porque su detención en la Argentina había reiniciado el conteo del plazo desde cero.
El 29 de agosto pasado, la CONARE –en la que el gobierno de Milei, en uso de las facultades delegadas por la Ley Bases, incluyó por decreto a un integrante del Ministerio de Seguridad y eliminó el puesto correspondiente al INADI– declaró el cese del status de refugiado de Bertulazzi y, en tiempo record, Servini ordenó su arresto, que la ministra Patricia Bullrich publicitó por las redes antisociales: “Detuvimos a un terrorista ex Brigadas Rojas de Italia”, tituló. Lo acusó de haber “formado parte de la banda que secuestró y asesinó al exprimer ministro italiano Aldo Moro”, pese a que estaba preso, y fantaseó que “lo atrapamos” (sic) gracias a “un profundo trabajo de inteligencia del Ministerio de Seguridad, la DNIC (léase Dirección Nacional de Inteligencia Criminal), el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior”.
La sala 2 de la Cámara Federal confirmó el rechazo de su excarcelación el 12 de septiembre, decisión que revirtió en noviembre la Cámara de Casación, cuando los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma ordenaron su liberación. Slokar, que lideró el acuerdo, sostuvo que no se habían evaluado las circunstancias personales del solicitante, conducentes para concederle la libertad. Recordó que en 2004 “fue reconocido como refugiado por el Poder Ejecutivo” y destacó la existencia de arraigo en nuestro país, en base a que “vive junto a su esposa hace veinte años en el mismo domicilio, del cual –por cierto– es propietario”.
En enero último el diario La República, de Roma, contextualizó la reapertura de la persecución contra Bertulazzi en el marco de un acuerdo entre los gobiernos de la Argentina y de Italia. “Detrás de la detención del ahora ex-Brigadas Rojas de 72 años, Leonardo Bertulazzi, se esconde supuestamente un pacto de Meloni y Milei para salvar de la justicia argentina a un sacerdote ítalo-argentino implicado en los crímenes de la dictadura sudamericana de los años ’70. Se llama Franco Reverberi. En enero de 2024, el ministro de Justicia del gobierno Meloni, Carlo Nordio, responsable de la decisión final, no extraditó al sacerdote torturador. Concediendo inmunidad al torturador Reverberi, como deseaba Milei, Meloni recibió como regalo la captura de Leonardo Bertulazzi. Se trata de un gesto de reciprocidad de un gobierno ultraderechista italiano con el nuevo gobierno argentino, que también lleva el signo político de la negación de lo ocurrido durante la última dictadura en la Argentina”.
