El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, le exigió al Gobierno de Javier Milei la reapertura de paritarias y, además, sumó al pedido «una recomposición salarial de emergencia». A través de un comunicado, el gremio de empleados públicos informó que «la política salarial impulsada desde la Casa Rosada empujó a más del 80% de los estatales a la pobreza» y aseguró que los sueldos «no alcanzan ni para cubrir las mínimas prestaciones garantizadas por la ley». Por su parte, Aguiar sostuvo que la reapertura de paritarias debería ser «antes del 31 de diciembre» y que, en el caso de que no haya convocatoria para llevar adelante las negociaciones, se podrían determinar medidas de acción directa «para el inicio del 2025».
«Es imperiosa la necesidad de que se reabran las negociaciones antes de fin de año. El ajuste aplicado en el sector público durante el 2024 destruyó todos los salarios. Necesitamos que sea compensando el grave deterioro que han tenido nuestros ingresos. El bono de $30.000 otorgado y avalado por otro sindicato es una ofensa, no alcanza para nada», aseguró el secretario general.
En un pedido formal, dirigido al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, y a la Secretaría de Trabajo de Julio Cordero, el sindicato exigió: «Salarios dignos que aseguren alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión; aumentos salariales por encima de la inflación; apertura de convenios colectivos de trabajo sectoriales, especialmente los más postergados; asegurar la continuidad de todos los procesos de regularización del empleo público y pases a planta permanente; el cese del ajuste y los despidos y la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos a partir del 10 de diciembre de 2023».
Asimismo, indicaron que la pérdida del poder adquisitivo en la Administración Pública Nacional superó el 40% en 2024 y que, «utilizando los datos recabados por el INDEC», se determinó que el ingreso mínimo, «no el óptimo ni el deseable», debería ser de $1.547.169.
«Hoy todos los empleados públicos que tienen que pagar un alquiler no llegan ni siquiera a mitad de mes. El recorte salarial en la Administración Pública es dramático. Si no existe una respuesta a este pedido concreto, en el inicio del próximo año habrá un aumento de la conflictividad», concluyó Aguiar.
