La Justicia federal procesó a 14 personas, entre exfuncionarios del entonces Ministerio de Desarrollo Social y responsables de cooperativas, por su presunta participación en una maniobra de defraudación contra la administración pública vinculada a la confección de guardapolvos escolares.
La causa investiga el supuesto desvío de más de $710 millones en subsidios estatales otorgados durante 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández.
El Juez Sebastián Casanello consideró acreditado, en esta etapa del proceso, que los imputados habrían intervenido en una “compleja maniobra de administración infiel” que permitió el desvío de fondos públicos asignados a un programa social destinado a la producción de uniformes escolares.
Según la resolución, el dinero fue entregado a la Cooperativa de Trabajo “15 de Julio Ltda.” mediante un convenio firmado con el entonces Ministerio de Desarrollo Social, pero parte sustancial de los recursos “habrían sido administrados de manera indebida, con el propósito de obtener un beneficio particularizado, en perjuicio de la administración pública nacional”.
Entre los procesados se encuentran Leonardo Sebastián Moyano, exsecretario de Articulación de Política Social; Osvaldo Eugenio Minervini, exdirector de Organización Comunitaria; Eliana Gisela Gladys Rodríguez, asesora administrativa del área; y autoridades y síndicos de las cooperativas involucradas en la operatoria.
El fallo sostiene que, pese a que el Estado abonó la totalidad del subsidio —que superó los $710 millones—, “no se cumplió con la totalidad de la entrega asumida” de 165.000 guardapolvos, y se detectaron irregularidades en la documentación, subcontrataciones inconsistentes, pagos sin respaldo y falta de rendiciones contables.
De acuerdo con el fallo, el 28 de febrero de 2023 se firmó un convenio de colaboración mediante el cual se otorgó a la cooperativa un subsidio de $710.366.250 para la producción de 165.000 guardapolvos, destinados a establecimientos educativos estatales. Sin embargo, la Justicia sospecha que “una parte significativa de esos recursos estatales fueron administrados de manera indebida, con el propósito de obtener un beneficio particularizado, en perjuicio de la administración pública nacional”.
La resolución describe una “compleja maniobra de defraudación” que habría incluido la subcontratación de otras cooperativas, la simulación de operaciones comerciales, inconsistencias en la facturación y una presunta pérdida de trazabilidad de los fondos públicos. En ese marco, se detectaron pagos millonarios a entidades que no tendrían capacidad operativa suficiente o cuyo objeto social no contemplaba las tareas asignadas.
El tribunal señaló que, pese a haberse abonado la totalidad del monto previsto en el convenio, “no se cumplió con la totalidad de la entrega asumida”, ya que la documentación administrativa solo daría cuenta de la presunta entrega de 115.000 guardapolvos. Además, se advirtieron “irregularidades en las constancias de recepción, memorándums repetidos y divergencias entre las cantidades certificadas y los remitos aportados”.
