La aprobación llegó con apoyos radicales y aliados provinciales. Es el cuarto proyecto que sanciona en la semana en el Senado. La expectativa opositora ahora es paralizar la reglamentación por la vía judicial.
Después de aprobar el Régimen Penal Juvenil, que permite bajar la edad de imputabilidad en la Argentina a 14 años, el Gobierno convirtió ley su reforma laboral en el Senado, la propuesta más trabajada por el oficialismo en extraordinarias, en la previa del discurso de Javier Milei por la apertura de sesiones. La jornada ocurrió con un Congreso blindado por el despliegue policial ante la movilización contra la sanción.
Los 42 respaldos al proyecto llegaron desde La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y los aliados provinciales del Gobierno, que llegaron desde Neuquén, Misiones, Tucumán y Salta. Todos los bloques del peronismo -que en reuniones previas se debatió abandonar el recinto antes de votar como señal de rechazo- se posicionaron en contra, registrándose 28 votos. Hubo dos abstenciones del oficialismo de Santa Cruz, que expresaron que se oponen a la reforma laboral pero la modalidad de votación los empujaba a posicionarse sobre un dictamen.
Los argumentos oficialistas apuntaron a una actualización de la legislación que permitirá mayor certeza jurídica para la incorporación de empleados en relación de dependencia. La participación de los que apoyan la ley dentro del debate fue mínima: sólo el miembro informante, dos senadoras del PRO (Huala y Cristina) que hicieron hincapié en el removido artículo de cuota sindical voluntaria y el cierre de Patricia Bullrich, que señaló que este proyecto viene a romper con «un sistema en donde nadie contrata a nadie».
Patricia Bullrich Senado
Senado
Las principales críticas de la oposición justicialista fue contra el Fondo de Asistencia Laboral, apuntando que se trata de un «subsidio al despido» del Estado a las compañías. También remarcaron la quita de la ley de Teletrabajo sin reemplazo o la eliminación de estatutos. «Este proyecto viene a romper todo el sistema de leyes laborales que equilibraban una desigualdad natural que existe en las relaciones laborales», sintetizó la riojana López. En las bancas peronistas, se repitió el posible destino de judicialización de la reglamentación, en consonancia con la movilización de la CGT a Tribunales anunciada para el próximo lunes.
Antes de que inicie el debate, el peronismo intentó que la sesión se caiga y el proyecto vuelva a comisiones, a partir de una moción de orden del porteño Mariano Recalde, quien cruzó los dos proyectos aprobados en la jornada del jueves: señaló que la reforma laboral se sumaría a la modificación de la ley de Glaciares en una potencial vulneración del acuerdo Mercosur-Unión Europea, dado que en su artículo 18 inciso 2 establece que los países que intervienen deben «garantizar unos niveles elevados y efectivos de protección medioambiental y laboral».
Otro momento de conflictividad volvió a ser un nuevo cruce entre Victoria Villarruel y algún representante libertario, en este caso la senadora Nadia Márquez, quien fue advertida por la titular de la Cámara alta por acudir al recinto con el diputado oficialista Guillermo Montenegro. Hubo un momento de desencuentros con la modalidad final de votación, dado que debían expedirse entre el dictamen aprobado el 12 de febrero y el actual, pero la Vicepresidenta de la Nación terminó empujando a la definición final que sólo fue en general.
Voto Negativo Senado Congreso Oposición
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Reforma laboral: los cambios claves
Algunos de los puntos claves del proyecto de reforma laboral oficialista establecen:
- Banco de horas: se reemplazan los pagos por horas extras por un sistema para compensar jornadas extensas con otras más breves o días de franco. Se respetarán descansos mínimos obligatorios: 12 horas entre jornadas y 35 horas de descanso semanal.
- Fondo de Asistencia Laboral (FAL): se establece un esquema compuesto por las contribuciones patronales de los trabajadores a una cuenta de inversiones que sería utilizada para el pago de indemnizaciones. Las grandes empresas deberán aportar el 1% (que puede ampliarse a 1,5%) y las pymes el 2,5% (que puede llegar al 3%). El empleador deberá afrontar la diferencia cuando el fondo no alcance para pagar el total de la indemnización.
- Vacaciones: el proyecto permite que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días. Al menos cada 3 años, y en caso de vacaciones rotativas, los trabajadores deben tener su receso en el período de verano.
- Servicios esenciales: se incorpora las telecomunicaciones, hospitales, recolección de residuos, la aeronáutica comercial, el control de tráfico portuario, los servicios aduaneros y migratorios y la educación en todos sus niveles (salvo universitario) que deben garantizar al menos un prestación del 75% de su funcionamiento normal.
- Promoción del blanqueo laboral: se crea un régimen de incentivos impositivos por cuatro años para aquellos empleadores que contraten a personas desempleadas o monotributistas hasta un año después de la sanción de la ley. También se abre una ventana de seis meses para el blanqueo a los empleadores que cuenten con trabajadores no registrados.
- Eliminación de la «ultraactividad» y estatutos: se acaba con el régimen que permite que un convenio colectivo de trabajo continúe vigente incluso después de su fecha de vencimiento, hasta que se negocie uno nuevo. Se establece el fin de estatutos, como el del periodista o viajante de comercio, a partir del 1° de enero del 2027.
- Financiamiento del cine: a partir del 1° de enero de 2028, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) será financiado exclusivamente con partidas asignadas por la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, eliminando sus fuentes automáticas de recaudación como el porcentaje de entradas de cine vendidas o el financiamiento proveniente del ENACOM.
- Trabajadores de plataformas: se reglamenta las condiciones, obligaciones y garantías que tiene el personal de plataformas. Se establece la obligatoriedad de tener un seguro de salud mientras ejerce su trabajo, aunque quien se haga cargo de él será producto de un «libre acuerdo» entre la plataforma y el trabajador, sin que esto represente condición de dependencia.
- Asambleas: las convocatorias asamblearias no podrán afectar «el normal desarrollo de las actividades de la empresa» y deberá contar con autorización previa. También se establece que «el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma».
