El 2024 ha sido un año difícil para la universidad pública. El fuerte recorte presupuestario impactó principalmente en el salario de los docentes, no docentes y en menor medida en el funcionamiento operativo de los establecimientos. También se vieron fuertemente afectados los programas de ayuda estudiantil y de producción científica y tecnológica.
A pesar del desfinanciamiento que aplicó el gobierno, las universidades se las ingeniaron para seguir funcionando, pero el impacto ha sido muy fuerte y debería ser reparado durante 2025. El salario real docente y no docente debe ser restituido para evitar que la universidad pública pierda gran parte del personal universitario que hace a la calidad educativa y a su funcionamiento eficiente.
Sin embargo, el proyecto de presupuesto que estaba previsto para el 2025 lejos de llevar tranquilidad y seguridad a estas instituciones echó un manto de incertidumbre. Los recursos previstos en el artículo 17 sumaban unos 3,8 billones de pesos para gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) esa suma debería ser casi el doble. Sin embargo, ni siquiera contamos con eso, porque el Congreso no llegó a aprobar la magra propuesta del Poder Ejecutivo.
Por ende, el próximo año, lejos de mejorar la situación, va a empeorar. Privar de recursos a la universidad pública tendrá consecuencias negativas que no se podrán resolver de un día para el otro. Es por eso que resulta vital mantener un nivel de financiamiento adecuado para evitar un deterioro progresivo que llevaría años reparar, aunque poco parece interesar a quienes nos gobiernan.
Sin sesiones extraordinarias en el Congreso, no hay presupuesto para 2025, por lo que seguirán prorrogando lo estipulado en 2023 a valores nominales, tal como se hizo durante este año, pero con una inflación mucho mayor. La inversión en educación universitaria tiene que contemplarse año a año, mantener las mismas partidas en valores sin actualizar termina siendo un desfinanciamiento universitario y eso provocará que se pierdan valiosos recursos humanos que pasarán al sector privado o emigrarán a otros países. Esto repercutirá notoriamente en el prestigio que tienen nuestras casas de estudio públicas.
Además, se pone en riesgo el derecho de los estudiantes a acceder a una educación gratuita de calidad que les garantice la posibilidad de desarrollarse como profesionales. La formación de la sociedad en su conjunto se verá afectada y tendremos ciudadanos menos capacitados. La falta de financiamiento para las universidades no es solo un problema de estudiantes, graduados, docentes y nodocentes, es algo que nos afecta a toda la sociedad.
Destinar menos recursos también se verá reflejado en una disminución de la producción académica, científica y tecnológica. Ningún país debería permitirse esta situación dado que la creación de conocimiento es uno de los pilares del desarrollo.
A todo esto hay que sumarle el deterioro edilicio progresivo. A menores recursos, menor mantenimiento y mayores probabilidades de accidentes. En definitiva, los inmuebles del Estado destinados a la educación universitaria irán perdiendo su valor y el ámbito académico se verá deteriorado por falta de una infraestructura adecuada a una demanda educativa creciente.
Es decir, la propuesta del Poder Ejecutivo de ajustar la educación universitaria pública para mantener el equilibrio fiscal no solo afectará el funcionamiento de las universidades durante el año que viene; tendrá consecuencias en los años venideros. Es por eso que resulta indispensable que el gobierno nacional revea el proyecto de presupuesto que envió al Congreso y destine los recursos que garanticen el derecho a la educación de calidad.
* secretario Adjunto de FATUN
